Durante el 2022 se contabilizan, de acuerdo con un reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un total de 80 masacres en Colombia, 254 personas muertas, lo que conduce a concluir que en el país, en promedio, ocurre una masacre cada tres días, una cifra que evidencia fenómenos profundos de violencia que obedecen a todo tipo de motivos que el Estado no ha enfrentado de manera efectiva, y que necesitan estrategias que logren ponerle el freno definitivo a tan elevado grado de irracionalidad. 
En la mayor parte de los casos no hay cómo atribuir a nadie, de manera específica, la autoría de esos crímenes. Las autoridades se limitan a decir que los causantes de las muertes son desconocidos. Todo el tiempo, en diversas regiones del país, se están haciendo consejos de seguridad extraordinarios, con resultados muy precarios en cuanto a identificación de autores y prevención de nuevos hechos. Son situaciones que se han incrementado durante los años recientes y que aún no encuentran un freno. A veces las víctimas son personas con antecedentes delictivos, y otras muchas veces son civiles sin ningún tipo de anotación negativa en sus hojas de vida.
Lo evidente es que hay grupos armados ilegales que, en varias regiones de Colombia, actúan a sus anchas e imponen lo que llaman control social, sin que haya reacción estatal para recuperar esas zonas. Los criminales se convierten en las autoridades que ajustician a quienes no sigan los parámetros de conducta que dictan e imponen, y siembran el terror en medio de comunidades a las que no les queda más que adaptarse a las circunstancias. El gobierno de Gustavo Petro, que promueve lo que ha llamado paz total, debe concentrarse en construir las estrategias para ponerle fin a esa violencia y lograr que quienes la ejercen por todo el país se sometan a la justicia.
En muchos casos se ha concluido que la mayor parte de las masacres corresponden a guerra entre bandas dedicadas al crimen organizado, que luchar por el control territorial de sus actividades ilícitas, pero en medio de esas confrontaciones entre ellas pasan por encima de quienes se atraviesen en su camino, sin importarles quiénes sean. Una mayor presencia estatal, con la Fuerza Pública actuando de manera preventiva y persiguiendo a los criminales, evitaría que muchos de estos hechos ocurran.
De acuerdo con Indepaz, en el 2020 se registraron 91 masacres que dejaron 381 personas asesinadas, principalmente en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Nariño. En el 2021 fueron 96 masacres con 338 víctimas mortales, con afectación principal en los mismos departamentos, pero adicionalmente en el Valle del Cauca, Huila y Caquetá, y al paso que vamos se podrían superar los 100 casos este año, con un balance peor en número de muertos. 

Además de estas matanzas, siguen ocurriendo asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las Farc, que tienen que ser vistos por el Gobierno Nacional también como prioridad. El discurso de la defensa de los derechos humanos no puede quedarse en meras palabras bien intencionadas, sino convertirse en hechos concretos, que permitan ir dejando atrás la violencia a la que nos hemos acostumbrado.