Samanta, con solo 7 años de vida, no se puede convertir en el símbolo nacional de la negligencia y del abandono estatal, mucho menos de la terquedad del Gobierno por no aceptar que se equivocó y que llevó al sistema de salud en Colombia al colapso, cuando su obligación, por Constitución y por ley como lo juraron desde su posesión, es garantizar la atención de todos los colombianos. La pequeña padece hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedad huérfana que puede ser mortal, pero quienes la sufren pueden llevar una vida normal si acceden al tratamiento adecuado.
Esta niña manizaleña es hija de una docente del magisterio, gremio al que el Gobierno le cambió el modelo de salud el 1 de mayo por uno que entró a manejar la Fiduprevisora con tropiezos e irregularidades que no ha podido resolver, a pesar de haber sido planteado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como el modelo que iba a ser aplicado para todos los colombianos. Desde entonces la pequeña no recibe los medicamentos y su salud empeora. Qué tan pésima estará la situación, que los docentes en Caldas extrañan a Cosmitet, entidad que estaba a cargo y era criticada por la regular atención. Al menos con tutelas lograban en cuestión de días que les entregaran las medicinas.
Nos unimos al clamor del sector educativo en Manizales por el derecho a la vida de Samanta y al acceso a los medicamentos que la sostienen. El llamado es al ministro de Salud, para que su despacho ejecute rápidamente las soluciones a los problemas en la atención de todo el magisterio y sus beneficiarios. El de Samanta es solo un ejemplo, pero cuántas personas en Caldas con otras enfermedades graves como cáncer o renales no están accediendo a drogas vitales, retrasando tratamientos que salvan vidas.
También recae la responsabilidad en los gobiernos Departamental y municipales, que no pueden quedarse tranquilos viendo a su población enfermarse. La buena salud es parte del desarrollo y del crecimiento de los territorios. La Gobernación, a través de la Dirección Territorial de Salud, y las alcaldías deben servir de puente para elevar ante instancias del Gobierno nacional las afectaciones en salud y los faltantes en esta región. Para el magisterio en Manizales, por ejemplo, no hay dispensación de medicinas porque la empresa a cargo, Farmalat Ltda., tiene su sede sellada porque no cumple las condiciones de habilitación, y aunque asegura entregarlas a domicilio hay quejas de que no es así.

Por Samanta y por todas aquellas personas que requieren servicios de salud es que intercedemos. No creemos que el Gobierno del cambio, que promueve el país de la vida, llegue a ser insensible ante estas peticiones y se quede estático permitiendo que la población sufra porque no logra ver resueltas sus necesidades en salud. Antes, así se tuviera un sistema imperfecto, los pacientes al menos tenían posibilidades de atención con las EPS. Las estrategias del Gobierno no han sido efectivas para reemplazarlas y debe aceptarlo para poder encontrar salidas.