Son cinco los alcaldes de municipios, de 27 que conforman Caldas, que no terminarán sus mandatos constitucionales. Cuatro de ellos obligados a renunciar por procesos judiciales, principalmente por el caso de Las Marionetas, que estuvo liderado por el jefe liberal del Departamento, Mario Castaño. A estos se sumó la renuncia que anunció el mandatario de Pensilvania, investigado por presunta participación en política, pero por una decisión personal no presionada por autoridad. Y hay que anotar que otros mandatarios están en entredicho y están pendientes de decisiones de organismos de control.
En una democracia perfecta, los alcaldes deberían terminar el periodo para el que fueron elegidos, pero sabemos que la nuestra está muy lejos de llegar a cumplir con ese requisito, sobre todo, cuando las reglas de juego no se respetan. Lo curioso es que en otras localidades sienten que si las ías se pusieran serias, otros tantos mandatarios tampoco tendrían derecho a terminar sus periodos. Es importante todo lo que se haga para contener la corrupción, pero es evidente que hay cierto sinsabor en la ciudadanía porque a veces parece que la justicia no juzgara con el mismo rigor en todas las circunstancias. Pocas veces, como en este mandato, se ha visto juzgados a los mandatarios durante el mismo periodo que ejercen. Se conoció que 163 alcaldes y exalcaldes de Caldas tienen procesos pendientes en la Fiscalía.
Un buen ejemplo de lo mal que se ha tornado la gobernabilidad en algunos territorios es el pequeño y joven municipio de La Merced. Esta población del norte de Caldas y con apenas cinco mil habitantes debería estar sonando en el país por su medio siglo de vida administrativa, pero lo ha sido desde que se inició el actual cuatrienio de gobernantes porque el elegido como alcalde, Jhonatan Vásquez, no pudo posesionarse, sino que estaba en la cárcel señalado por paramilitares de estar detrás del asesinato de dos dirigentes. Aunque al final salió inocente volvió a la cárcel acusado de enriquecimiento ilícito, asunto en el que también está involucrada su esposa y hoy flamante candidata del Partido Liberal a la Alcaldía de esa localidad. Aunque la juez del caso les dio libertad condicional, siguen vinculadas al proceso.
Sin embargo, la caída del mandatario llegó por cuenta de su involucramiento en el caso de Las Marionetas. Lo peor del cuento es que su sucesor, nombrado para terminar el mandato, también terminó en la cárcel por los mismos motivos. Los mercedeños ven cómo los procesos se enrarecen, con más razón cuando la esposa del alcalde renunciado y encarcelado es candidata. Eso no es sano desde ningún punto de vista. El exmandatario goza de casa por cárcel y permiso para trabajar en su finca, pero ¿cómo no pensar que puede incidir en favor de su pareja en estas elecciones?

Vemos con preocupación cómo los partidos políticos pasan de agache en sus responsabilidades a la hora de escoger a los candidatos. Es como si la responsabilidad de ellos llegara hasta la elección y no en el buen Gobierno que se debería garantizar. También les cabe responsabilidad a los electores que deberían pasar factura a quienes abusan del poder público y el favor electoral. Los partidos parecen privilegiar solo los votos y el poder nominador, sus cuotas políticas, como sucede con el Partido Liberal que tiene encartados a cuatro municipios de Caldas.