Es indudable que la educación en Colombia requiere ser reformada. El cambio se necesita para ajustarla a las realidades nacionales y a los requerimientos que la globalización impone a una función tan delicada como es la de instruir. Bien el planteamiento del Gobierno nacional a través de su experta ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, de hacer una reforma coherente con el tiempo y en la que a todos los colombianos se les garantice el derecho a acceder a una educación de calidad y pertinente que les permita vivir con dignidad. Esto debe ocurrir en ciudades, pero especialmente en nuestros campos donde las oportunidades son precarias.
El Mineducación sigue escuchando a estudiantes, docentes, sindicatos, rectores, lo que es sensato en momentos de turbulencia política, y de lo que seguramente saldrá una buena propuesta. Solo que debe acelerar el paso porque se trata de una reforma en construcción para presentarla este año al Congreso de la República. No se pueden prolongar las extensas discusiones que se han dado cuando se quedan en retórica o en sueños imposibles de concretar. En Colombia la educación es un servicio y se busca regularla como derecho fundamental, ampliando de manera gradual el acceso desde el preescolar (3 años), pasando por la básica, hasta la articulación de la media con los estudios superiores.
La financiación de la educación parece ser lo que más preocupa a muchos de esta reforma y se habla de una deuda histórica. Por supuesto que se requieren más recursos en todos los niveles si la pretensión es ampliar el acceso y la cobertura educativa, pero las instituciones deben ser conscientes de que tienen que estar a tono con nuevas realidades en las que no todo llega por el anacrónico modelo asistencialista. Dentro de su autonomía pueden generar recursos que les permitan permanecer y aportarle incluso a la sociedad en la que están inmersas. A la vez, el Gobierno debe establecer figuras de alivio tributario para las que se encuentran en malas condiciones y comprometidas con la calidad.
En educación superior el país se rige por una reforma de 1992 (Ley 30), han pasado tres décadas y ya es hora de hacer cambios. La recientemente aprobada ley de gratuidad educativa deberá atender a las personas que por escasez de recursos no pueden acceder a la universidad pública, pero debería cuidarse de que este beneficio no sea aprovechado por quienes pueden pagar algo o mucho por ese mismo cupo. También está el plan de ampliación de cobertura que promueve el Gobierno para sumar 500 mil cupos en las Instituciones de Educación Superior del país. La esperanza está puesta en que cubra por igual a las públicas y a las privadas, que no haya diferenciaciones.

Expertos han planteado que, lejos de la politiquería, se necesita ampliar la vigilancia y el control a instituciones y con facultades para sancionar a las que evaden leyes y normas para no pagar impuestos. Además, la reforma debe ser pensada para que no solo se beneficien instituciones públicas, las privadas también han sido pieza clave en el sistema y no se deben excluir. Manizales, llamada Ciudad Universitaria, tiene ejemplos para mostrarle al país de los buenos resultados que se obtienen de la relación universidad-empresa-Estado, que le ha sumado al sistema educativo sin privatizar, más bien ha servido para fortalecer procesos. Ahí están los logros para mostrarlos.