Ha faltado mucho de sindéresis en el alto Gobierno y en la Fiscalía General de la Nación, incursos en una disputa de declaraciones, de acusaciones mutuas, de comparaciones sobre quién impulsa más las investigaciones, pero sin una búsqueda de diálogo clara. Y decimos esto, porque de lo que se trata es de un asunto serio, información de la Policía sobre un posible atentado contra el fiscal, Francisco Barbosa; contra el excomandante de las Fuerzas Militares, general Eduardo Enrique Zapateiro, y contra la congresista María Fernanda Cabal. Hizo mal el Alto Comisionado de Paz en restarle importancia este asunto y peor aún, que no lo haya rectificado. Aunque el presidente, Gustavo Petro, recibió al fiscal y hablaron de esta situación, no habían pasado ni dos días y de nuevo empezaron las pullas y los sarcasmos, sin darse cuenta de que este tipo de discusiones por los micrófonos terminan por afectar el estado anímico de los ciudadanos, que ven cómo las instituciones se aprovechan como campo de batalla verbal por quienes las dirigen y deberían dar ejemplo de diálogo.
Si hay investigaciones de cuerpos independientes sobre posibles amenazas concretas contra la vida de estas personas, así como de cualquier otro dignatario. Lo que se debe hacer es salir a rechazar con vehemencia esto y avanzar en el proceder de la verificación y no debe bastar con la mera palabra de quienes representan hoy a delincuentes en la mesa de negociaciones, tal como son quienes desde la mesa de negociación no dan muestras claras de caminar hacia la paz.
Claro que se debe obrar con prudencia, porque primero se deberán probar lo que hasta ahora parece información confiable, pero al tiempo no se puede descartar la posibilidad de que sea real como si fuera cosa de poca monta. Aquí la clave está en que se verifique y se proceda. Estamos en Colombia y la vida de cualquier persona corre peligro, para la muestra los hechos contra la Fuerza Pública en el Cauca, Nariño, en Norte de Santander, en Antioquia, en Valle y en otros lugares, donde bandas criminales asesinan impúnemente todos los días.
El fiscal ha ido a la Corte Interamericana y ha pedido medidas cautelares, a lo que tiene derecho, pero resulta tremendamente extraño, que quien maneja uno de los aparatos estatales mejor dotados en cuestiones de seguridad, salga del país a pedir este tipo de protección, y suena más a una queja ante instancias internacionales. Porque si el mensaje es que el propio fiscal general de la Nación, una de las personas más poderosas de Colombia, tiene que ir a buscar apoyo en otro lugar, qué pueden esperar los amenazados líderes sociales, los ciudadanos de a pie, un fiscal de zona de guerra.

Esa sensación de impotencia del fiscal es la que sienten miles de colombianos que han interpuesto sus denuncias por amenazas y ven cómo pasan rápidamente a los archivos, al olvido, mientras la zozobra y el miedo son permanentes. Es necesario que quienes amenazan con tanta facilidad paguen por esto y les caiga el peso de la ley, pero es un gran sinsabor el que deja saber que ni quien dirige los destinos de la Fiscalía se siente seguro en nuestro país.