La firma del acuerdo de paz del Gobierno con la antigua guerrilla de las Farc va a cumplir ocho años. En el 2017, cuando anunciaron dejar las armas, se soñó con un país tranquilo; sin enfrentamientos, al menos desde ese bando; sin secuestros, sin tomas guerrilleras, sin reclutamiento de niños y adolescentes, sin extorsiones, sin territorios vedados por los armados ilegales. Pero terminando las negociaciones, Iván Mordisco, comandante del frente Primero, se le rebeló al secretariado de las Farc y conformó la primera disidencia llamada Estado Mayor Central (Emc) que siguió ejerciendo la violencia en Colombia.

Se dejó avanzar y tomar tanta fuerza militar a Mordisco que, según Indepaz, el Emc hace presencia en el 62% del territorio nacional, está organizado en cinco bloques que operan en 147 municipios y cuenta con por lo menos 3 mil guerrilleros. A pesar de advertencias, el Gobierno Petro acordó con estas disidencias un cese al fuego bilateral en diciembre del 2022, que en mayo del 2023 fue suspendido temporalmente por asesinar a cuatro menores indígenas que habían reclutado. Luego se extendió por seis meses más para seguir los diálogos, aunque las disidencias continuaron sus incursiones delictivas.

Lánguida acción han tenido el equipo a cargo del Mecanismo de Monitoreo, Veeduría y Verificación de este proceso, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. En medio de los diálogos, las disidencias anunciaron la creación de un nuevo bloque armado, como respuesta a una nueva ruptura del cese al fuego. Indicaron que comenzarán a operar en Tolima, Huila, Quindío y Valle del Cauca. Destempladas declaraciones las del alto comisionado al asegurar que es una organización interna de las disidencias y tienen todo el derecho de hacerla si va a servir para que se reorganicen.

No parece serio decirlo, cuando lo que se busca es desarmar este tipo de estructuras para evitar que sigan atentando contra la población. Justificar el actuar de los grupos armados es lo que hoy tiene al país amenazado también por otros ilegales como el Eln, que de operar en 189 municipios en el 2022 pasó a 231 al año siguiente, y el clan del Golfo, que creció de 253 a 392 municipios en el mismo periodo. Así ningún diálogo de paz podrá consolidarse, ni dar resultados efectivos. Mientras las guerrillas y las autodefensas están ganando territorios y poder, el Gobierno los está perdiendo.

Hoy se celebra en Colombia el Día Nacional por la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, pero a pesar de que el Estado tiene funcionando una estructura institucional para proteger los derechos y atender a las víctimas, que busca además alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición; son acciones insuficientes. Los actores armados en vez de estar contando la verdad y garantizando la paz y la convivencia se dedicaron a sus negocios ilícitos y a aumentar el número de víctimas con los confinamientos, las desapariciones y los desplazamientos que le siguen restando a la política de paz total del Gobierno Petro, cada vez más esquiva y que sigue cediendo terreno a los violentos.