Resultaron ciertas las críticas que el año pasado hicieron congresistas de oposición al Gobierno Petro sobre el Presupuesto General de la Nación para este 2024, por soñar con que ingresarían entre $15 billones y $19 billones vía recaudos. Eso nunca sucedió, el cálculo fue mal elaborado y ahora todas las regiones de Colombia están viviendo las consecuencias. Mediante decreto, el Ministerio de Hacienda tuvo que ordenar recientemente el congelamiento de gastos por $20 billones, que representan el 1,2% del Producto Interno Bruto del país, como una forma de capotear los graves problemas de caja que enfrenta la Nación.
Se trata de rubros para funcionamiento e inversión de todas las entidades del Gobierno que ya tenían disponibilidades presupuestales aprobadas, pero al no haber percibido todo lo que se esperaba, como aprobó el Congreso el año pasado, quedan congelados este año planes y proyectos relacionados con paz, conflicto armado y reintegración social, restitución de tierras, fortalecimiento del agro, infraestructura, proyectos viales regionales, fortalecimiento y expansión de las TIC, actualización catastral, y menores inversiones para la Policía, el Ejército, entidades descentralizadas y organismos como la Contraloría y la Fiscalía.
Como medida provisional, la decisión es acertada; más cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostiene que el aplazamiento de transferencias no afectará recursos del Sistema General de Participaciones para sectores de educación y de salud. Preocupa es que no quedó establecido por cuánto tiempo se postergarán exactamente las inversiones en el resto de sectores, lo que podría mantenerse incluso durante los dos años que le quedan al actual Gobierno. En un informe publicado por LA PATRIA se estableció que en Caldas quedan pospuestos los giros para obras de infraestructura estimadas en $1.000 millones, sin cuantificar proyectos o planes en otras áreas.
La noticia no llega en un buen momento para los departamentos y municipios que están en su primer año de administración y con todo por ejecutar, pero es mejor actuar bajo austeridad que seguir esperando lo que nunca va a llegar. Infortunadamente Aerocafé queda otra vez en un limbo, porque aunque podría tener parte de sus recursos amparados en un contrato vigente, los que no estén protegidos es muy posible que hayan quedado en las transferencias congeladas del Gobierno Petro, más cuando no es un proyecto de su querencia. De $603 mil 662 millones asignados por la Nación para este proyecto en Caldas, el Gobierno de Iván Duque comprometió $518 mil 449 millones de vigencias futuras, pero a agosto del 2023 solo se habían transferido $60 mil 518 millones.

Si el déficit en el Presupuesto Nacional no es de $20 billones como plantea el Gobierno, sino de $31 billones que estima Fedesarrollo el panorama se seguirá oscureciendo con más desempleo, freno a la infraestructura y la construcción y decrecimiento de la economía. Es necesario que el Gobierno haga un mayor control del gasto, incluyendo el de funcionamiento, y se abstenga de seguir prometiendo ayudas populistas que está lejos de cumplir porque claramente no tiene recursos para hacerlo.