Dos hechos marcaron este 20 de junio al Gobierno nacional. Miles de colombianos, en diferentes ciudades del país, salieron a marchar a las calles en contra del mandato del presidente, Gustavo Petro, y de sus reformas que las consideran lesivas. El día cerró con el hundimiento de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, proyecto de ley que era clave para cumplir la promesa de campaña para devolverles a los trabajadores parte de las horas extras nocturnas que perdieron en el Gobierno de Álvaro Uribe. El sustento es que la ley señala que cuando un proyecto no logra ser aprobado en primer debate en la legislatura ordinaria, no puede seguir su tránsito en el Congreso, como sucedió.
Esta reforma laboral fue presentada por la ministra de Trabajo, la caldense Gloria Inés Ramírez. Desde su génesis, el proyecto de ley tuvo fuertes opositores y no solo políticos; los gremios económicos del país encendieron las alarmas porque esta modificación, como estaba, aumentaba excesivamente los costos laborales y se pondrían en riesgo miles de empleos. Se basaron en el informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República sobre las repercusiones de la reforma, y que indicó que esos incrementos llevarían a recortar alrededor de 450 mil empleos formales en el país en un lapso entre tres y cuatro años.
Sería un golpe directo contra el trabajo formal del país, que tanto se requiere cuidar, sostener y aumentar porque la alta informalidad laboral que tenemos es la que está impidiendo que haya trabajo digno y condiciones decorosas como lo contempla la ley colombiana; así el Gobierno diga otra cosa y el presidente haya desvirtuado la veracidad técnica del informe elaborado por el Banrepública. Indigno es someter a las personas a contratos que no se ajustan a lo legal a través de empleadores abusivos que se saltan las normas. ¿No estará faltando es meterlos en cintura con una normatividad más efectiva desde el Estado para vigilar, pero de verdad, y multar a rajatabla al que incumpla?, eso evitaría que estas prácticas se sigan dando.
Con propuestas populistas no es como se va a mejorar la estabilidad laboral de Colombia. Gobierno y gremios deben ser muy sensatos con respecto a nuestras realidades, al momento que vivimos, a nuestras fuentes de recursos y a los procesos que llevamos desde lo técnico para construir y ejecutar cualquier reforma. No se puede salir a proponer y mucho menos a imponer un cambio, que aunque suene bonito y sería el ideal de país, no hay forma de ejecutarlo con las condiciones que nos rodean. Hay que tener muy bien puestos los pies sobre la tierra, conocer los entornos, escuchar a los que saben y con base en ello, decidir.

La reforma laboral se hundió el martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. De 21 congresistas que la integran solo asistieron 7 a su primer debate. Los partidos de Gobierno salieron a decir que lo hicieron para sobotear la sesión y hundir el proyecto por falta de quórum. Entre los ausentes se justificaron en que hubo “jugaditas” de la Mesa Directiva de la Comisión para que integrantes que tenían posiciones críticas salieran recusados o por impedimentos. Ni Gobierno, ni partidos lograrán así sacar sus reformas; debe ser por medio de consensos como se llegue a otra propuesta de reforma, que nadie duda la requiere el país, pero hay que hacerlo sin afectar a quienes están generando el empleo.