Los senadores de la Comisión VII Norma Hurtado, Lorena Ríos, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Ana Paola Agudelo, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, José Marín y Miguel Pinto cumplieron la palabra empeñada. Con sus votos se archivó la reforma a la salud por sus evidentes falencias legales, técnicas y financieras que no quiso escuchar el Gobierno nacional para haber modificado la iniciativa. Mientras esto ocurría en el Senado, el presidente Petro anunciaba que el Gobierno asume su función de reordenador del sistema de salud. Un claro paso a la estatización.
No es cierto que la reforma fuera a mejorar el sistema y a resolver sus problemas estructurales. El faltante real en Colombia es de dinero para asumir los altos costos de la prestación del servicio integral de salud en sus dos régimenes a toda la población. El Gobierno debe aceptar que era una propuesta que cojeaba financieramente, así contemplara ampliar la atención primaria en salud y llegar a sitios donde el servicio no está presente, que son obligaciones del Estado.
Por eso es muy riesgoso que el Gobierno esté intentando ahora aplicar esta reforma vía decretos, delegando todo el manejo de la salud en el Estado, que ya ha demostrado no ser competente por la experiencia de lo que fue el ISS hasta antes de la expedición de la Ley 100. 79% de los usuarios que respondieron la última encuesta de la Supersalud, dijeron sentirse satisfechos con el servicio de las EPS. Fuera de eso, hay reconocimiento internacional del sistema de salud colombiano, y no es invento de la oposición política.
Si así lo entendiera el Gobierno y se sentara a trabajar con todos los sectores se podrían encontrar salidas efectivas a las complicaciones que viene cargando el sistema; pero no es con revanchismo, ni con actitud desafiante como se van a solucionar. Tampoco es interviniendo aseguradoras, como lo hizo ya con Sánitas y Nueva EPS; ni haciendo todo lo posible para que las 27 empresas que quedan vayan a la quiebra rápidamente por falta de recursos que debe pagar el Gobierno por los servicios prestados. El presidente dijo que se acaba la intermediación, porque girará directamente a los prestadores, y las empresas intervenidas seguirán funcionando con un interventor y una junta asesora.

Estos nuevos mecanismos deben tener inspección y vigilancia de organismos de control, veedurías ciudadanas y asociaciones de usuarios para evitar que de nuevo la politiquería llegue a hacer de las suyas con el sistema. La promesa del Gobierno Petro es reordenar las EPS y acabar la corrupción interna; pero dejar el giro de recursos en manos de alcaldes y gobernadores es bastante riesgoso. Colombia requiere sanear lo que está mal en el modelo de salud, pero sin causarle daños colaterales a los 52 millones de colombianos que necesitan un servicio sin alteraciones. 16.7 millones de afiliados a las dos EPS intervenidas por el Gobierno esperan que sea cierto que con esta determinación del Gobierno no empiecen a tener más padecimientos por ausencia del servicio.