James Robinson, uno de los tres Premio Nobel de Economía 2024, junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson, conocedor y estudioso de la realidad colombiana, asegura que este es un país con mucho potencial, pero con un Estado y sociedad débiles. Sirve esta frase para referirse a lo que debería venir con el proyecto de reforma laboral del Gobierno Petro, que aprobó la Cámara de Representantes para mejorar condiciones laborales, pero que a la vez tiene medidas que ponen en grave riesgo el empleo.
La iniciativa sigue el trámite en el Senado, y allí se tendrán que corregir errores para no terminar destruyendo unos 400 mil empleos formales porque no es una reforma flexible que les permita moverse a las empresas, sobre todo a las medianas y pequeñas y a los emprendimientos; quedan en medio de imposiciones que pueden ir en contravía de la reactivación que apenas se inicia en el país. Importantes sectores como la industria, el comercio y la construcción enfrentan en los últimos años un alto decrecimiento de su actividad y de sus ingresos.
Según economistas, entre los objetivos más destacados de una reforma laboral está contribuir a la generación de empleo, incentivar a los empresarios a contratar y a generar más y mejores condiciones laborales, y en segunda instancia a reducir la informalidad, que es muy alta en el país. Algunos cálculos indican que en el sector informal en Colombia pueden haber unas 10 millones de personas. La Cámara no le apuntó a ninguno de estos objetivos, pero sí incrementó de manera ostensible los costos laborales porque, entre otros aspectos, se amplía el horario para el recargo nocturno, se encarecen los dominicales y festivos. Es una intención muy loable, en bienestar del trabajador y en reducir desigualdades, ¿pero es el momento más apropiado para aplicar esta reforma o se podría hacer de manera gradual en la medida que se recupere la economía?
En el Senado debe darse un estudio y debate serio, responsable, tranquilo, sin afanes, desprovisto de cualquier interés politiquero y electoral; de manera que se apruebe una ley consciente con la situación actual del país, mucho más consensuada con el sector empresarial y más aterrizada a la realidad nacional. Se debe llegar a una ecuación equilibrada, de manera que el proyecto no se hunda completamente porque propone cosas positivas como los contratos laborales para dignificar a los trabajadores de plataformas electrónicas y a los del sector transporte y otros derechos colectivos.

Lo que hay que evitar a toda costa es que la informalidad laboral siga aumentando, que los empleadores caigan en prácticas ilegales para hacerle el quite a lo que no pueden cumplir, eso sería fatal para la economía porque se empezarían a resentir otros ingresos. Hay que apuntarle a hacer menos compleja la legislación. Una reforma laboral no hará mucho si solo va dirigida a resolver situaciones de quienes tienen trabajo, debe apuntar esencialmente a reducir la nociva informalidad y a tratar de que crezca la generación de empleo legal, digno, que genere riqueza y bienestar para todos.