Se entiende la urgencia de los que tienen que buscar un techo en cualquier lugar porque su precaria economía les impide acceder a una vivienda por falta de dinero, viven del rebusque diario. Sobre esas personas es que el Estado debería estar enfocado para llegar con programas de vivienda; gratis, como existieron en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, o subsidiados a bajo costo como manejó el expresidente Iván Duque para acabar con el grave problema de las invasiones que hoy pululan en terrenos urbanos y rurales de Manizales, sin Dios ni ley posible de pararlas.
Hay una relajación de las autoridades municipales para frenar este tipo de ocupaciones ilegales e imponer multas a quienes las promueven, que no siempre son los más necesitados. Hay incautos que caen en garras de quienes teniendo casa para vivir e incluso más propiedades, se aprovechan de las circunstancias y de la ausencia de orden para levantar precarios cambuches en lotes públicos, la mayoría de las veces con problemas de riesgo de desastres, e iniciar una invasión arrastrando hasta esos sitios a quienes la necesidad los apremia. A ello acudieron politiqueros de antaño como una forma de recaudar votos y hoy son barrios todavía con muchos problemas físicos y sociales.
De épocas más actuales se citan invasiones que se dejaron crecer en el municipio aunque las leyes colombianas contemplan ejecutar desalojos como proceso administrativo para recuperar un bien público. En julio del 2013 unas 374 familias se tomaron un lote de la hacienda Potrerillo, en la vereda Kilómetro 41, incautada a un hermano de Pablo Escobar por la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes. Está próxima a cumplir 10 años y a pesar de los procesos legales por ser bien en extinción de dominio sus ocupantes argumentan que un particular les vendió los lotes. Mirador de Samaria, que fue creciendo en la Comuna Nuevo Horizonte desde épocas de pandemia y ante los ojos de ciudadanos y Administración. De 600 cambuches construidos sin acceso a servicios públicos, alrededor de 180 son habitados, al resto llegan personas, pero solo cuando se enteran que van a subir las autoridades.
Se han hecho visibles otras invasiones en barrios de la ciudad y en predios de la Alcaldía, conformadas desde hace años como ha reportado LA PATRIA. En Bosques de La Enea, al lado de la quebrada Manizales, se establecieron 10 personas en cinco casas, algunas tienen hasta pesebrera con caballos; a San Joaquín llegaron tres familias y construyeron en una ladera; en San Fernando, que fue de invasión y luego legalizado, construyeron cuatro casas en un terreno del Municipio y, aun ilegales, pagan Impuesto Predial. La mayoría cuentan con cerramientos y disponen de servicios públicos por la colaboración de vecinos o porque las empresas se acogen a lo que dice la ley para suministrarlos, sin que se pruebe la condición de propietarios.

En Manizales es tan grave la situación que se suma lo que está ocurriendo en espacios públicos. Ni los fallos judiciales han logrado que se recuperen áreas que deberían ser para el goce y ornato ciudadano. Ahí están los procesos de ocupación ilegal de las áreas de parqueo de vehículos frente al Monumento a Los Colonizadores en Chipre con carros de venta de comidas y su extensión con construcciones a predios particulares en terrenos que no son aptos para este uso, son de riesgo. Ni qué decir de los antejardines que convirtieron en terrazas comerciales sin control ni requisitos en barrios de todos los estratos y que no pagan nada por este uso porque cuando se quiso regular se excedió desde todo punto de vista el gravamen que se quiso imponer. Ya es hora de poner orden. Por antipopular que sea, el Municipio debe actuar, más si se trata de una invasión, hay que restituir el bien y desalojar la ocupación ilegal. A la par, debe promover programas para vivienda de interés social, que ya en el pasado han sido ejemplo en nuestra ciudad.