Manizales es de los municipios de Colombia que ya hizo su actualización catastral. La puso a regir la Alcaldía a comienzos de este año y derivó en incrementos altos y desmesurados para muchos predios en el Impuesto Predial Unificado (IPU), comparado con lo que se pagaba antes cuando no se había ajustado este valor catastral, que es la base para liquidar el predial. Lo que aquí pasó sirve para ilustrar el controvertido proyecto de ley que los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Agricultura, Jhenifer Mojica, radicaron en el Congreso de la República para fijar gradualmente topes en el pago del IPU.
Esta iniciativa es parte del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027. Propone actualizar el catastro multipropósito en por lo menos un 70% de los municipios al 2026, pues está en menos del 10%. El proyecto aumentaría el pago del IPU entre 50% y 300%, dicen los proponentes para evitar pagos superiores porque la norma permite que pueden ser de más de 1.000%. Si lo aprueba el Congreso, este impuesto aumentará y mucho en predios de municipios que no han hecho nunca una actualización catastral o en los que está desactualizada como ocurrió en Manizales; pero en los que ya la hicieron no los tocará esta norma y el impuesto subirá lo fijado para cada año.
Los próximos alcaldes y concejos municipales deberán poner en marcha esta ley, si pasa en el legislativo, y el llamado es a que actúen con mesura. Subir o crear un impuesto será siempre antipopular, y si bien hay que actualizar el catastro para que haya proporción entre lo que se tiene y lo que se paga por el uso del suelo urbano y rural, tiene que tenerse en cuenta que no es culpa de los propietarios que no se hubiera actualizado a tiempo, así que es importante que la gradualidad no ahorque a los propietarios. Habrá que ir haciendo incrementos basados en la realidad socioeconómica de cada territorio. Claro, los propietarios deberán entender que también han dejado de pagar lo justo por mucho tiempo.
Se puede decir que habrá que asumir las consecuencias de lo que muchos mandatarios han preferido ignorar y dejar de hacer, por conveniencia política o económica o por quedar bien con algunos sectores o personas. Se venía advirtiendo desde hace años que si las administraciones no actuaban sobre su catastro llegaría el momento en que las alzas serían exageradas. En Caldas, según investigación que hizo LA PATRIA y publicó en diciembre del 2019, 71 de cada 100 predios pagaban IPU. Marmato era el de menos recaudo (38,8%) y Anserma el de mayor (97,8%).

El IPU es de las fuentes propias más importantes que tienen los municipios. Además, actualizar el catastro sirve para establecer predios formales e informales, que son muchos todavía por el manejo de la tierra en el país y la capacidad de eludir impuestos, lo que no se compadece con quienes hacen el esfuerzo y pagan a tiempo lo justo. Manizales ingresó a su base catastral 23.467 predios nuevos, según la Alcaldía, y eso representa más recursos. Sin embargo, hay que verlo desde diferentes perspectivas: es hora de que todos paguen lo justo, pero tener en consideración que debe hacerse con gradualidad.