“Una premisa básica es que todos los gobiernos corruptos son realmente autoritarios y las actividades de inteligencia y contrainteligencia están dedicados a eso, a impedir que los periodistas accedan a la información y de esta forma que la sociedad no esté informada”. Estas lo dijo en el 2018 en Bogotá Fernando Villavicencio en el XI Encuentro de Periodismo de Investigación, de Consejo de Redacción. Apenas tres meses antes, el periodista había podido volver a salir de su país, luego de las restricciones impuestas por el régimen de Rafael Correa, que persiguió al periodista que con otros valientes en Ecuador denunciaron los abusos de poder de ese Gobierno. Villavicencio fue asesinado por sicarios el miércoles tras un mitin político y a once días de las elecciones presidencias a las que se forzó el país, después de que el presidente Guillermo Lasso, clausuró el Congreso y convocó a elecciones anticipadas. Villavicencio, que durante su ejercicio periodístico debió ocultarse durante tres años y que fue perseguido por autoridades de su país que obligaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a ordenar medidas cautelares de protección, viró a candidato presidencial y, según todas las encuestas, ocupaba el segundo lugar en intención de voto. Su asesinato se dio un par de semanas después de que denunció amenazas de estructuras armadas, además de haber mostrado vasos comunicantes entre el escándalo por los ingresos indebidos recibidos por el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro y un sector del correísmo en Ecuador.
Este asesinato hace recordar los peores años de la guerra del narcotráfico en Colombia, cuando para la campaña presidencial de 1990 fueron ultimados los candidatos Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán, época aciaga que un sector de las nuevas generaciones parece no entender. Éramos vistos como un país inviable y una democracia fallida. El problema es que 30 años después, el narcotráfico y la violencia derivada de este, sigue haciendo de las suyas en Latinoamérica, donde los carteles hacen de las suyas y afectan a la población con complicidad de sectores políticos en muchos casos.
El asesinato de Fernando Villavicencio es de enorme gravedad para la democracia de Ecuador y para la estabilidad de la región. Con este tipo de acciones los violentos están demostrando que no quieren ceder nada de su poder ante quienes estén dispuestos a quitárselo. Cuando se asesina a un candidato presidencial se golpea la confianza ciudadana en las instituciones. Es lamentable que el vecino país pase por esta situación y muestra los efectos perversos de la complacencia entre la política y la delincuencia.

La muerte de Villavicencio como candidato presidencial es imposible desligarla de los tiempos en que el régimen lo hostigó, lo señaló, lo persiguió judicialmente de manera desproporcionada. Cuando le preguntaron ¿Cuál es el papel del periodismo a la hora de investigar? Respondió: “Primero valentía, independencia, mucha valentía”. Esa valentía mostrada también en sus discursos en su última etapa como político le costó la vida. Hoy fue en Ecuador, pero puede pasar en cualquiera de los países en los que se es complaciente con las estructuras armadas.