Las siguientes cifras son escabrosas en el contexto del Derecho Internacional Humanitario. Proceden del Informe Global 2023 sobre Desplazamiento Interno, elaborado por el Observatorio del Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego de Refugiados, estableciendo que los conflictos, las guerras, la violencia y los desastres en Sudán, Siria, Congo, Afganistán y Colombia aumentaron el número de desplazados internos en el mundo a 75,9 millones; 5,8 millones más que en el 2022. El 90% está relacionado con conflictos, guerras y violencia, y el 10% son movimientos de personas por desastres, que disminuyó en 0,9 millones.
Da mucho temor que esta cantidad de personas obligadas a huir de sus hogares, incluso de regiones en las que la tendencia había mejorado, sean la punta de un iceberg. Otros datos del Informe tampoco son alentadores, pues asegura que en los últimos cinco años este tipo de desplazamiento ha aumentado un 49%, con los mayores crecimientos en los años 2022 y 2023. Quiere decir que la situación, a cambio de mejorar, empeorará si se tienen en cuenta las aterradoras guerras y conflictos sangrientos como el de Palestina-Israel y el de Rusia-Ucrania que se mantienen.
No debería ser que Colombia aparezca en este listado de países con más desplazados internos, bien sea por violencia o por desastres, pero infortunadamente el número ascendió a 5,07 millones en 2023, que son 5,6% más frente a los 4,8 millones del 2022, cuando en estos dos años el Gobierno nacional ha puesto en ejecución procesos de cese al fuego con grupos armados como el Eln o el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que se esperaba fueran mermando las víctimas por hechos violentos y acercando cada vez más a la Paz Total, una política nacional, todavía sin avances.
Bastante delicado que el Informe asegure que muchos desplazamientos fueron provocados por ataques directos a civiles o por enfrentamientos entre grupos armados no estatales en sus incursiones por ganar presencia y poder en los territorios y en desarrollo de la producción y tráfico de drogas, o la tala y la minería ilegal. Lo que está diciendo eso es que algo, desde el Estado, no se está haciendo bien o no está siendo tan efectivo como lo requiere la población civil para sentirse segura en sus regiones y por esto se ve obligada a abandonarlo todo y salir a buscar la subsistencia.

Lo que deja este fenómeno es proyectos de vida acabados, desintegración familiar, desarraigo social, desescolarización, desprotección en salud, destrucción de cultivos, pérdida de bienes, y una gran dificultad para rehacer sus vidas siquiera en un mediano plazo. Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Putumayo están entre los departamentos en los que aumentaron los desplazamientos en el 2023. El Estado debe hacer esfuerzos para garantizar que nadie tenga que abandonar su territorio de manera forzada por el actuar de los violentos y menos por no tener una Fuerza Pública bien dotada para defender a todos los ciudadanos.