Nada bueno para la vida académica resulta añadir problemas al caldeado ambiente en la Universidad Nacional sede Manizales. La torpedeada elección de rector en Bogotá desde el 21 de marzo ha desencadenado la anormalidad en varias sedes, entre ellas la de esta ciudad que se fue a un largo paro y a la toma del Campus Palogrande. No obstante, el retorno se está dando con una comunidad dividida, polarizada; con la que parece muy difícil llegar a acuerdos para retomar la normalidad académica y laboral.
Las situaciones de hoy son el resultado de hechos coyunturales. Se pasó por la elección de dos rectores en propiedad; primero José Ismael Peña, que no fue reconocido por algunos, y después Leopoldo Múnera, que tampoco fue aceptado por otros, y en el intermedio una decisión del Gobierno nacional que nombró al ministro de Cultura, Juan David Correa, como ad-hoc de Educación, y pasando por encima de la autonomía universitaria ordenó que en 24 horas el Consejo Superior tenía que nombrar rector encargado o impondría sanciones millonarias a los miembros que se opusieran. Un claro intervencionismo, así el Gobierno sea parte del Superior.
Múnera nombró en la Vicerrectoría de esta sede, y en medio del paro, a Belizza Janet Ruiz, que lideró las negociaciones para levantar la toma del campus y su recuperación física, además de restablecer las clases. Como siguen existiendo dos bandos a favor y en contra de un rector o de otro, en la ejecución de procesos también ha surgido el rechazo de estudiantes y docentes. Hay descontentos por el cierre de la mesa de discusión sobre las llamadas “pintadas” de pasillos, oficinas y aulas en esa sede y la orden para restituir estos espacios al estado inicial; además por la solicitud de los Programas de Trabajo Académico (PTA), que se consideran persecución laboral contra docentes.
Razonables los argumentos de la vicerrectora cuando sobre las “pintadas” dice que son para salvaguardar a la comunidad educativa, pues estaban escalando a manifestaciones de violencia por desacuerdos. Es un exabrupto que una universidad sea un foco de violencia. De otro lado, hay que creerle como directiva cuando Ruiz asegura que la petición de conocer los PTA, ya aprobados por los decanos, se deriva de la necesidad de conocer las cargas laborales del cuerpo docente y establecer qué se requiere. Se espera que esas sean las razones y no otras, que el tratamiento para todos los docentes sea igual, nunca por cercanía o favorabilidad con Múnera, y en eso hay que estar vigilantes.
Lo que no puede estar pasando en la Universidad Nacional es que en medio de estos asuntos estén quedando estudiantes que quieren retomar sus clases, recuperar el tiempo perdido y avanzar en sus semestres; además, padres de familia que, así tengan hijos becados o reciban ayudas del Estado, hacen esfuerzos económicos para que estudien en buenas condiciones. No parece justo. Por eso la Nacional no puede seguir sumando problemas que impidan el desarrollo normal de sus actividades educativas, debe propender por resolverlas. Los desacuerdos administrativos y electorales se deben dirimir sin afectar lo académico.
