Es evidente que la paz se tiene que hacer entre los enemigos. No tiene sentido alguno que se firmen acuerdos de reconciliación entre quienes no están en conflicto, eso puede ser otra cosa, pero no tiene que ver con alcanzar la paz. Sin embargo, resulta por lo menos llamativa la manera en la que el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, intenta lograr el favor de confesos delincuentes a través de la promesa de nombrarlos gestores de paz, una figura que no es nueva en el país y que siempre ha despertado reservas.
Hay que recordar que una de las mayores agresoras en el conflicto en esta región, alias Karina, gozó también del privilegio de ser designada gestora de paz, en ese entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que no cayó muy bien entre quienes apoyaban la seguridad democrática. Quienes defienden esas designación advierten que ella ya se encontraba detenida y que efectivamente contribuyó a acercar a otros combatientes de las entonces Farc a reincorporarse a la vida civil. Además, que fue clara en su petición de perdón por todo el dolor que causó.
Ahora, el Gobierno está en cabeza de quienes se encuentran en la otra orilla ideológica. Y se usa de nuevo este instrumento que permite suspender las medidas de aseguramientos y las penas que pesen sobre los responsables de cometer diferentes delitos. El asunto es que la actual Presidencia ha favorecido con esta decisión tanto a vándalos probados en las protestas ocurridas en el país en el 2021, así como para dirigentes de organizaciones criminales y a disidentes desertores del Acuerdo de paz, que son incumplidores de los compromiso. El favor cayó en uno de los mayores promotores de la barbarie en el país, Salvatore Mancuso, además en una reunión en la que la camaradería mostrada por el presidente con el confeso victimario molestó no solo a víctimas, sino a muchas personas que se la juegan cada día por hacer de Colombia un lugar mejor.
El acto fue aprovechado por el mandatario para enviar pullas al proceso de Justicia y Paz, al que se acogieron los jefes paramilitares y proponer que se haga uno nuevo. No obstante, esto forma parte de la personalidad del mandatario, que seguro considera que no se está hecho realmente un acuerdo de paz, sino cuando sea firmado por él, a pesar de que hasta ahora su inicial idea de paz total no se ha concretado con un solo actor del conflicto. En su lugar, se ha dado al traste con las posibilidades, mientras varios territorios en los que obtuvo el mayor favor popular se ven superados por la inseguridad de quienes hace tan solo unos meses prometían paz y reconciliación.

Es hora de ponerle orden a la figura de gestor de paz. Si bien en un régimen presidencialista como el colombiano, el Ejecutivo tiene poderes como el de suspender las medidas de aseguramiento y las penas, esto no puede ser al libre albedrío del mandatario de turno. Deben fijarse normas claras para que no pase lo que ahora ocurre y las víctimas no se sientan engañadas y revictimizadas. Un gestor de paz debe ser alguien que demuestre su voluntad para lograrla, no para ofrecerla como moneda de cambio de futuros compromisos.