Se vienen pidiendo cambios en la Fuerza Pública, transformar el Ejército y la Policía Nacional hasta convertirlos en instituciones más humanizadas, que cada vez se dediquen menos al uso de las armas. Sin embargo, los hechos más recientes de orden público llevan a considerar que nos falta mucho, todavía somos un país inmaduro para ello y por el contrario es apremiante que el Gobierno nacional dedique más de su presupuesto y concentre sus acciones en garantizar seguridad ciudadana, que se ha perdido por el accionar de los delincuentes.
Tuluá, es el caso más reciente. Sigue militarizado a raíz de una incursión el fin de semana que se atribuyó la banda La Inmaculada, que delinque desde hace 16 años y en su haber tiene asesinatos, extorsiones a empresarios y establecimientos e infiltraciones para conseguir información dirigida al chantaje. Atacó de nuevo y dejó dos muertos (un policía de tránsito y un ciudadano), cuatro heridos y ocho vehículos incinerados, como retaliación contra la Policía por sus operaciones en las que fue capturado uno de los jefes de la pandilla. Asestan este golpe a una región que es motor comercial, industrial, financiero y agropecuario del Valle del Cauca, cercano al Eje Cafetero.
Demasiado preocupante también para el suroccidente colombiano la denuncia que hicieron por redes sociales habitantes de Chocó porque el Eln, a través del Frente de Guerra Ómar Gómez, les advirtió el fin de semana que deben abstenerse de movilizarse por ese departamento. El anuncio de un paro armado es como de no creer. Los líderes de esta guerrilla se encuentran sentados desde el 2022 en una mesa de diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro y delegados internacionales, y además la semana pasada firmaron un acuerdo con el que prolongan el cese al fuego "bilateral", entre otros aspectos para evitar acciones contra la población civil.
Son solo dos ejemplos de la crítica situación que enfrenta la seguridad en el país; lo que toca incluso a Caldas, no en la misma dimensión de estos otros departamentos, pero sí hay temores rondando por presencia de la delincuencia, además la historia ha mostrado que zonas del oriente y del norte han padecido con el actuar de los grupos armados. Es una realidad lejana entonces de lo que se le expuso desde Presidencia al Consejo de Seguridad de la ONU, que sesionó hasta el fin de semana en Bogotá en su trabajo de seguimiento al acuerdo de paz con las Farc y el conocimiento de los otros diálogos de paz. Expresaron sentirse contentos con el compromiso en la implementación del acuerdo con las Farc.

Parece desmedido el afán del presidente de mostrar resultados ante la comunidad internacional sobre su política de paz total, que todavía está cruda y pasa por muchos altibajos. Una cosa es gestionar lo necesario en estos procesos, pero como está el país se hace todavía más prioritario que salga a pedir apoyos para dotar de todo tipo de recursos a la Fuerza Pública, que se han visto menguados en este Gobierno, para enfrentar la inseguridad y la delincuencia. Difícil que alguien no quiera el punto final de la guerra, del conflicto, de la inseguridad en Colombia, porque a todos nos conviene, pero debe ser real, no de riesgosa apariencia como se está dando.