La entrada en vigencia del Impuesto Saludable, que empezó a gravar desde el 1 de noviembre con un 10% más de valor los ultraprocesados y las bebidas azucaradas en Colombia, es una forma de presión para que la población sea consciente de sus hábitos y de los alimentos que consume a diario, como productos altos en sodio, grasas y azúcares. Se pretende que acudan más a los alimentos naturales que abundan en el país. Es una medida bien intencionada desde la mirada de la salud pública, no hay duda; pero al llevarla a la dinámica económica actual, deja de verse tan conveniente.
Este impuesto forma parte esencial de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, aprobada en noviembre del año pasado, pero se cuestiona si los aumentos deberían hacerse en menor proporción cada año, pues se estima que al 2025 el gravamen deberá alcanzar el 20% como forma de desestimular el consumo de estos productos. Ahí están los enlatados, conservas, carnes procesadas, chocolates, productos de confitería, cereales, mezclas y pastas para la preparación de panes y galletas, condimentos, salsas, helados, algunos aceites vegetales, gaseosas y jugos en botella. Las finanzas de los colombianos están bastante golpeadas con la inflación, que aunque cedió un poco sigue siendo alta y eso ha llevado a disminuir la adquisición de productos de la canasta familiar. También están los incrementos en la gasolina, que está rondando ya los $15 mil por galón y vienen en diciembre y enero otras dos alzas para compensar el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precios hasta llegar a un techo de $16 mil; el Gobierno no desestima las alzas en valor del diésel, combustible con el que se moviliza el transporte de carga, que llevaría a más aumentos en los precios de los alimentos y otros productos. Además, ya hay analistas advirtiendo que el incremento del salario mínimo deberá ser muy mesurado en el 2024.
Muy bien que haya entrado a regir un impuesto saludable, lo estaban pidiendo con urgencia muchos sectores porque en Colombia la obesidad empezó a ser problema de salud pública en todas las edades, motivado en parte por una alimentación inadecuada. El DANE indica que en el 2022 el 50% de la población ingirió alimentos de paquete, y que en el segmento entre 6 y 11 años esto fue de 71,5%; siendo Amazonas y Chocó los departamentos con las poblaciones que más los consumieron. A lo que se le apunta es a bajar la incidencia de otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes ocasionadas en parte por el consumo excesivo de estos alimentos. No es que no se puedan volver a probar.
Lo que se cuestiona es que paralelo con el impuesto tiene que darse un proceso de educación nutricional, concientizar sobre lo necesario que es alimentarse bien, con productos sanos, para mantener una buena salud. Pero esto dependerá además, en buena medida, de que la inflación se logre bajar y así los colombianos puedan acudir a las plazas de mercado y a otros establecimientos a comprar productos naturales a precios más bajos de lo que hoy cuestan los ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Si no se logra ese equilibrio, seguramente el Impuesto Saludable saldrá impactando muy poco.