No hay peor obra de infraestructura que la que no cumple las normas de construcción. Ejemplos hay miles en Colombia. Puentes colapsados, edificios y viviendas derribadas por carecer también de controles de quienes están obligados a vigilar que todo se haga bien. Sirve esto de preámbulo para hablar de la inquietante idea del presidente Petro, que quiere que las organizaciones populares contraten con el Estado la construcción de vías, de redes de energía eléctrica, proyectos de internet y fibra óptica y ahora mejoramientos de vivienda.
Ya lo venía expresando desde el año pasado en otras ciudades y lo reiteró el jueves en su visita a Manizales. Plantea una política pública en la que se fortalezca el mejoramiento de vivienda, pero ya no priorizando a los que el Gobierno llama grandes empresarios, sino a las asociaciones de albañiles y de mujeres que quieran mejorar su hogar en los barrios populares. Está muy bien querer reinvidicar estos sectores o a las Juntas de Acción Comunal (JAC), que en el país han aportado en la construcción de vías rurales, por ejemplo en convenios con el Comité de Cafeteros, pero lo que no se puede permitir es que el país retroceda en lo que ya había avanzado, al pasar de hacer obras artesanalmente a obras seguras porque se ajustan a todas las normas.
Es evidente que hay que hacer mejoramientos de vivienda, y más en zonas populares, pero proponerlo para una ciudad como Manizales, en la que se contabilizan 400 asentamientos humanos ilegales, con débiles construcciones sobre laderas y zonas declaradas de riesgo, es muy peligroso. Lo que se le pidió aquí al presidente Petro es la posibilidad de que la Nación se sume a un programa con la Alcaldía para edificar Viviendas de Interés Social, que resuelvan de fondo, no a medias, las necesidades de vivienda segura para estas familias. El presidente dijo que le sonaba la propuesta, pero ante la urgencia de ofrecer protección a las comunidades, el Gobierno nacional debería estar actuando ya.
La historia de esta ciudad está marcada por hechos trágicos, dolorosos, que han dejado muertos y cuantiosas pérdidas materiales; la mayoría por haber construido en sitios donde no se debía o sin las obras que pudieran mitigar los riesgos. Ha sido de los aprendizajes más fuertes en esta ciudad, que han servido incluso de guía, al lado de la academia y de reconocidos profesionales, para establecer que se requiere de conocimientos especializados para hacer las obras. Gracias a eso, esta región es ejemplo para Colombia y el exterior en materia de gestión del riesgo y prevención de desastres. Por eso no podemos retroceder.

Importante que se les dé la oportunidad a las asociaciones de vivienda o a las JAC de beneficiarse con la ejecución de obras, pero primero deben pasar por procesos de formación. Ejecutar un proyecto, por pequeño que sea, también exige conocer de diseños, administración de recursos del Estado y de relaciones contractuales. Más lesivo es tirarlos a la arena a que ejecuten sin saber cómo hacerlo. Por eso no se encuentra razonable que el Gobierno desdeñe a los empresarios, que son los que tienen todos los recursos para desarrollar los proyectos con toda la técnica. La responsabilidad de un profesional va más allá de ejecutar, cualquier error que se cometa puede resultar mortal.