Hacer adecuaciones físicas en los planteles es dignificar la educación, dejar de ejecutarlas es menospreciar a niños, adolescentes y jóvenes como colombianos con derechos constitucionales adquiridos.
Las desigualdades empiezan también cuando hay escolares que tienen que recibir clases todos los días del año en sedes deterioradas, envejecidas, con severos daños en sus áreas comunes y a las que no llegan las condiciones para mejorar la calidad de la educación. Un diagnóstico elaborado por las secretarías de Educación e Infraestructura en Manizales arrojó que ninguna de las 50 instituciones educativas oficiales a cargo de la Alcaldía está en óptimas condiciones físicas, pero más preocupante es que un 40% está en grado crítico de deterioro y el 60% restante fluctúa entre nivel medio y relativamente bajo de desgaste.
Así las cosas, toda la infraestructura educativa del municipio (urbana y rural) necesita inversiones, unas más y otras menos, por lo que se entiende que la Alcaldía haya priorizado las más urgentes y este año planee ejecutar $10 mil millones para reparar 23 sedes. Lo que no puede dejar tranquilo a nadie es que el cálculo de inversión en todos los establecimientos llegue a precios de hoy a $70 mil millones; sin embargo la meta que estableció la Alcaldía es de $42 mil millones para el cuatrienio, lo que significa que están faltando $28 mil millones que deben ser gestionados ante el Gobierno nacional.
La tarea no es fácil, pero hay que hacerla, y si el Gobierno no apoya este requerimiento habrá que salir a buscar ayudas de organismos internacionales o revisar cómo se pueden hacer convenios con países hermanos que sí tienen claro que las buenas condiciones físicas de una escuela o de un colegio garantizan educación de calidad y motivan a los estudiantes a asistir a los planteles; es decir, evitan la nociva deserción y acercan además a la comunidad a los objetivos institucionales. De esta forma los planteles se convierten en actores aliados de la vida barrial y veredal. Sirve de ejemplo la estrategia Pacto por la Educación en Villamaría que empezó interviniendo cuatro sedes rurales y este año propone beneficiar a 10 más. El Pacto es entre Gobernación, Alcaldía y privados a través de donaciones. En tres meses ya ha recaudado $500 millones y se pusieron la meta de recoger en dos años unos $3 mil millones.
Está probado que las instituciones educativas públicas no son capaces de ejecutar este tipo de obras por cuenta propia, así reciban recursos del Sistema General de Participaciones; pero son tantos los gastos fijos en aseo, papelería, equipos y otros rubros que poco les queda para mejoramiento físico. Por eso muchos sienten que el mal estado de los planteles radica en que administraciones pasadas no se preocuparon por hacerles mantenimiento oportuno, fuera de tener que cargar con una promesa incumplida por la Nación para hacer obras en cofinanciación con el Ministerio de Educación por medio del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), que terminó siendo sueño frustrado.
Hacer adecuaciones físicas en los planteles es dignificar la educación, dejar de ejecutarlas es menospreciar a niños, adolescentes y jóvenes como colombianos con derechos constitucionales adquiridos. Se le reconoce a la Alcaldía, que lleva seis meses de periodo, que haya puesto los ojos en esta necesidad sentida, más no atendida, pero debe hacer su máximo esfuerzo para resolver todas las deficiencias identificadas. Cada día que pasa sin soluciones representa ir aumentando el tamaño de los problemas, el costo de las obras y el riesgo para estudiantes, docentes y directivos.
