Es un deseo en el departamento que los últimos hechos en la Industria Licorera de Caldas (ILC) no lleven a borrar con los pies lo que se hizo con las manos, y a este refrán popular se le puede agregar, lo que se logró con tanto esfuerzo para posicionarla entre las primeras destileras del país. Hace menos de una década se había perdido la confianza, no era una empresa atractiva para nadie y se contempló incluso privatizarla porque atravesaba una crisis económica.
El hoy senador Guido Echeverri, como gobernador de Caldas, nombró a Luis Roberto Rivas gerente de la ILC. Este inició un proceso de rescate empresarial con logros tan destacados que hasta los sindicatos reconocieron. Demostró que una empresa pública puede ser eficiente y rentable. La estrategia fue conformar un equipo técnico, con gente capacitada y blindar la Licorera con nuevos estatutos y un Gobierno Corporativo facultado para protegerla de actuaciones irregulares o improvisaciones.
Muy importante sería escuchar a quienes integran hoy el Gobierno Corporativo de la ILC sobre la salida del exgerente Andrés Elías Borrero, declarado insubsistente de su cargo por el gobernador, Luis Carlos Velásquez; también sobre la renuncia de Mauricio Vélez a la Gerencia Comercial por motivos personales, y de la salida de otros profesionales y técnicos que ejecutaron el esquema que recuperó la empresa. Si era un recurso humano formado y con buenos resultados había que conservarlo. Todas las salidas se han atribuido a intereses políticos y eso significaría que fracasó la figura del Gobierno Corporativo, donde además del gobernador o su delegado están personas de otros sectores.
Ni el gobernador Velásquez ni el electo, Henry Gutiérrez, pueden permitir el menor asomo de duda en los procesos de la Licorera; no pueden ser inferiores con los caldenses y su empresa más importante, que adoptó desde entonces un plan de modernización tecnológico, un sistema de información claro, innovó productos para ampliar la cobertura de mercado nacional e internacional y duplicó el porcentaje de ventas, transformó su cultura organizacional para dirigir la labor a un trabajo colectivo, mejoró el relacionamiento con los sindicatos, puso en marcha una economía circular en su producción y definió una política ambiental. Nada de esto se puede echar al traste.

Si la decisión es mantener ese plan inicial, pero además mejorarlo y crecer, la ILC seguirá dando utilidades y podrá transferir a la Gobernación más recursos para inversión en el departamento. De los $13 mil 300 millones de utilidades entre 2012 y 2015 las transferencias fueron de $7 mil 750 millones, y del 2016 a mediados del 2022 con $335 mil millones de utilidades permitieron transferir $191 mil millones. Un negocio muy rentable, con mucho dinero de por medio si se maneja bien, si se cuida lo logrado, y sobre todo se mantiene bien lejos de la politiquería y de intereses personales. Ese es el gran riesgo.