La autonomía universitaria no puede ser tan dúctil como para que pueda ser evadida en ciertas situaciones, sobre todo las electorales, pero que sí se tenga que aplicar a rajatabla cuando resulta conveniente para ciertos sectores de la vida académica. Esta figura que contempla la Constitución faculta a las instituciones de educación superior a determinar su orientación ideológica y proveer su organización interna, concretándose en sus estatutos, designación de directivos y administradores, planes de estudio y programas académicos, selección de profesores, admisión de alumnos, elaboración y aprobación de presupuestos y administración de bienes y recursos. Pero la carta magna es clara y establece que la autonomía no es un principio absoluto, pues tiene como límite el orden constitucional y legal.
Sobre esta base, es muy disparatado que las personas que mantienen bloqueada una sede de la Universidad Nacional en Manizales, en lo que llaman toma política del bloque C del Campus Palogrande, rechacen que la Fuerza Pública haga controles policiales en los alrededores de la institución. No pueden olvidarse de que primero está la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el orden de los ciudadanos, y que este Campus tiene como vecinos unidades deportivas, el estadio Palogrande, áreas de comercio y gastronomía, vías públicas y avenidas principales por donde necesariamente tienen que circular los agentes de la Policía en cumplimiento de sus obligaciones. Que se ubiquen en las afueras de la Universidad, no puede tomarse como ingreso a ninguna sede.
La toma del bloque C completa ya 12 semanas, tiempo en el que también se han mantenido suspendidas las actividades académicas en las sedes de Manizales. Todo se inició por el nombramiento de rector para el periodo 2024-2027; mientras en marzo el Consejo Superior eligió a Ismael Peña, que no contaba con el respaldo de los estudiantes, algunos docentes y el propio Gobierno nacional; el 6 de junio, en una sesión extraordinaria del Superior, fue nombrado Leopoldo Múnera, el candidato de estos sectores. Ha sido un largo proceso en el que se ha impuesto el querer del Gobierno Petro, que tratando de subir a Múnera incurrió en procedimientos violatorios de la autonomía universitaria.
En este último caso, los seguidores de Múnera dejaron permear este principio con la voluntad del ejecutivo. La pregunta es si ese mismo silencio se hubiese mantenido si tuviéramos un Gobierno de otra tendencia ideológica y política. Pero a la hora de rechazar la presencia de la Fuerza Pública en límites del espacio universitario, sí sale a relucir la autonomía. La Secretaría del Interior (antes Gobierno) de Manizales desvirtuó que los policías hubiesen ingresado a la Nacional, porque tienen claro que les está prohibido sin permiso de las autoridades universitarias. Pero también la Policía debe tener presente que no deben actuar con violencia sobre manifestantes, porque están en su derecho.

Es hora de que la Mesa de Diálogo de esta Universidad, constituida por docentes, estudiantes y personal administrativo medie para dar paso, lo más pronto posible, a la normalidad académica. Los universitarios de la Nacional, como los de todas las instituciones de educación superior de la ciudad y del país, como los futuros profesionales de Colombia, no deberían estar tan preocupados de mantener tomas y bloqueos, mucho menos empleando el vandalismo y la violencia, no deberían ser las maneras para expresarse frente a los hechos del país. De todos ellos se espera más que eso.