Las declaraciones a la revista Semana de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, diputado del Magdalena e hijo del presidente de Colombia, tienen en aprietos a la familia presidencial. Según Vásquez, su exmarido habría recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marloboro, y de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca. El primero se encuentra extraditado en Estados Unidos, desde cuando fue detenido hace 20 años por narcotráfico, mientras que el segundo se ha visto envuelto en serias acusaciones de jefes exparamilitares como su colaborador, por lo que lo han investigado por concierto para delinquir y homicidio.
Los señalamientos alcanzan a Juan Fernando Petro, hermano del presidente y cuyo nombre se ha mencionado desde antes por visitas a cárceles para ofrecer supuestos beneficios a criminales con el fin de promover la paz total, que el Gobierno ha querido adelantar en el país. Esto generó que el propio mandatario de los colombianos pidiera a la Fiscalía, a través de Twitter, su canal preferido de comunicación, que investigue a sus familiares en cuestión y que si se demuestra alguna irregularidad de su parte, él acatará las decisiones judiciales. Así mismo, negó una vez más que hubiera promesas desde su Gobierno a criminales para acceder a beneficios en sus penas.
Estas acusaciones son de extrema gravedad y proviniendo de quien ha sido cercana a la familia Petro deben ser recibidas por la Fiscalía con todo el rigor que exigen y darles la prioridad que ameritan. Entre los asuntos mencionados está que los dineros recibidos por Nicolás Petro habrían sido para la campaña del ahora mandatario, lo que pone un manto de duda muy grande sobre las finanzas de la Colombia Humana. Estas dudas tienen que ser aclaradas con pruebas y con total rigor. Para que los colombianos podamos estar tranquilos de que quien los gobierna no se favoreció de dineros non sanctos, teniendo en cuenta la grave situación que ya se vivió en el país por un episodio similar que llevó a la Presidencia a Ernesto Samper.
Confiamos en que la Fiscalía haga lo que le corresponde con total independencia, sin presiones, pero es necesario que los señalados acudan a la justicia con disposición de colaborar y que desde el Gobierno se aclare de una vez quiénes son los encargados de promover la paz total con delincuentes en las cárceles y a qué pueden comprometerse. Es oportuno recordar que durante su mandato en la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro se vio envuelto en serios señalamientos por favorecimientos para su familia política, que se dedicaba a la construcción. Estas son las cosas que suceden cuando se permite que los familiares usen la posición de un funcionario de alto rango para favorecerse. Por eso, bien haría Nicolás Petro en abandonar la Asamblea y defenderse como ciudadano, no como servidor público ni como hijo del presidente. Y que sirve de lección al resto de la parentela.
Aunque el mandatario ha dicho en varias oportunidades que el único autorizado para reunirse con organizaciones al margen de la ley para buscar salidas negociadas a las guerras de este país es el alto comisionado, Danilo Rueda, el que parientes suyos se asuman con la vocería para llegar a acuerdos, es porque no tal vez no ha sido lo suficientemente contundente en esto. Bien valdría la pena que de una vez por todas, quedara claro. Es un comportamiento que hemos criticado en otras presidencias y exigimos al actual mandatario que obre en consecuencia.
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