Es un derecho de los colombianos recurrir a acciones jurídicas por sentirse vulnerado. Sin embargo, se podría decir que hay quienes las vienen usando para impedir que avancen concursos públicos dirigidos a elegir las cabezas de ciertos organismos en el país. Para nuestro caso está ocurriendo con la Contraloría de Caldas y el más reciente, la Personería de Manizales. Esta Contraloría llega hoy a 770 días en interinidad (dos años y cuatro meses) por demandas y tutelas que han suspendido la elección del contralor en propiedad. Ese mismo camino está tomando la elección de personero.

Se trata de una convocatoria pública que, igual que la de Contralor, empezó con reparos. Es responsabilidad del Concejo, que contrató a la Universidad de Manizales en el segundo semestre del año pasado para aplicar pruebas y valorar antecedentes. Se inscribieron 117 aspirantes, pero en menos de un mes de haber iniciado el proceso comenzaron las reclamaciones y las tutelas. Alcanzaron a hacer pruebas y dar resultados, pero los fallos judiciales empezaron a retrasar la designación, que debía haber quedado lista a finales de año para que el nuevo personero asumiera este 1 de marzo y ejerza hasta el 28 de febrero del 2028. Aquí ya hay riesgo de que empiece perdiendo unos meses si las acciones se resuelven rápido.

El proceso lo han detenido tres veces, la última interrupción fue el martes, un día antes de que el Concejo entrevistara a 53 preseleccionados para elegir al nuevo personero. Será que en las convocatorias para elegir contralores y personeros se está recurriendo a las acciones judiciales y a sus recursos de forma exagerada, siendo que ambas convocatorias han cumplido con espacios para recibir observaciones y reclamaciones, que revisan y contestan. ¿Sí es tan necesario irse de una vez por la vía jurídica, sin antes agotar estas otras instancias?

En los listados de admitidos y preseleccionados para las dos convocatorias hay nombres que se repiten, se trata de funcionarios y exfuncionarios hasta de las mismas entidades que requieren surtir los cargos; algunos que están ocupando ya puestos en otras entidades públicas y privadas. Están aquí y allá, lo que no prohíbe la ley. También se ven nombres de profesionales buscando además cargos nacionales. Será que aquí hay mucho de una vieja práctica política que consiste en lanzarse a una elección con el único interés de hacerse contar, lo que significa para este caso presentarse a un concurso para medirse, a ver qué puesto se logra ocupar. Al final, todo un desgaste administrativo, y judicial cuando se demanda.

El Congreso de la República debería ocuparse de lleno en este tema, porque no solo está pasando en Caldas y en Manizales. Muchos municipios y departamentos del país atraviesan la misma situación, incluso la Contraloría General de la República sigue con un contralor general encargado porque tampoco han podido efectuar el proceso por demandas. Se requiere que el Congreso trabaje en una reglamentación distinta, al menos que otorgue herramientas para paliar las dificultades a las que se están teniendo que enfrentar estos procesos de selección, que se están extendiendo al punto de dejar prácticamente sin periodo a los que buscan llegar, si es que lo logran.