La quema de la Registraduría de Gamarra, en Cesar, un día antes de las pasadas elecciones, fue un acto bárbaro en el que murió calcinada una funcionaria y tres más quedaron con graves quemaduras. Ocurrió en medio de protestas por el hecho de que a un aspirante a la Alcaldía de ese municipio le revocaron su candidatura a través de resolución del Consejo Nacional Electoral y fue el presagio de la alteración del orden público que se vivió en nada menos que 40 municipios de Colombia, según reportes de la Registraduría Nacional. Algo pocas veces visto en el país.

No fueron unas elecciones tranquilas, como lo informó el Gobierno. La Fiscalía reportó 102 capturas, entre ellas 9 detenidos en flagrancia por estar relacionadas con delitos electorales. Según la Defensoría del Pueblo, en el país se registraron 98 eventos entre disturbios y protestas en 86 municipios de 24 departamentos. Lo más complejo es que 77 de esos eventos se presentaron después del cierre de las votaciones. Ni Caldas se salvó. En en el municipio de Samaná tuvieron que decretar ese día el toque de queda para evitar desmanes, ante las protestas por 50 votos de diferencia entre el candidato ganador y el segundo.

Ningún proyecto, ni interés político justifica una reacción ciudadana de estas características o con esos desafueros. No habilita a nadie quitarle la vida a otra persona y mucho menos por una decisión administrativa, por más que se pierda en poder, dinero y anhelos. Esto no nos puede puede seguir sucediendo. Habla mucho de la escasa cultura política que hay en el país, pero sobre todo de la ausencia de una educación en la que se forme y desde niños para ganar, pero igualmente para perder porque no siempre se sale triunfante y se es exitoso, sobre todo en los terrenos políticos y con mayor razón frente a tantas opciones en partidos y candidatos como ocurrió este año.

Esto ratifica lo urgente que es para Colombia una reforma política, que permita corregir nuestro sistema electoral que ya es obsoleto y no está en línea con lo que el país requiere. Ahí el Congreso de la República no puede seguir siendo inferior a este imperativo del país, porque las mayorías en las corporaciones que lo integran han hundido proyectos de ley en esta línea por anteponer sus intereses frente a lo que los puede afectar cualquier cambio político. Lo que ocurrió en las pasadas elecciones regionales fue muy malo, pero pudo ser peor si las autoridades no lo frenan; sin embargo, está indicando que hay inconformismo, rabia, desconfianza, incredulidad, que juntas están detonando en violencia.

Además, el todo se vale no puede seguir funcionando en política, y ahí tienen mucha responsabilidad también los líderes y jefes de las colectividades que promueven el deseo irrefrenable de conseguir el poder a toda costa y permiten que se acuda a prácticas no santas o acabar a sus oponentes a través de campañas negras y sucias. Muertes como la de la funcionaria de la Registraduría de Gamarra, quemada en una protesta, no pueden repetirse y se debe aplicar la ley a quien o quienes intervinieron en ello.