Las prácticas de buen gobierno se han ido imponiendo en este siglo para fomentar una mejor gestión pública. Aunque también es un asunto privado y así lo asumen muchas empresas, en el sector oficial debe ser prioridad por manejar recursos públicos, que son de todos. Cuando se actúa con buenas prácticas se tienen insumos para justificar las actuaciones con transparencia, responsabilidad y estándares de calidad, eficiencia y eficacia. No obstante, al evaluar a Caldas en este sentido, como ente territorial, no sale bien librado.
Gracias a la alianza entre la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA que hemos denominado Lupa a la contratación, se viene desarrollando una veeduría a la forma en que se ejecutan los presupuestos públicos en la región por vía contractual. Se trata de un ejercicio de revisión de datos abiertos, dirigido a visibilizar lo que los entes territoriales no cuentan y más bien se esfuerzan por ocultar. Es una contribución a la formación de ciudadanía, que se debe apropiar de esta información para pedir a los entes de control que examine a fondo los procesos contractuales, y a partir de allí apliquen correctivos o establezcan responsabilidades.
Resulta más que inquietante que en los últimos ocho años en la Gobernación de Caldas casi la mitad de los contratos licitados (48,9%) haya presentado retrasos en la ejecución, y 29,3% de los proyectos tuvo sobrecostos, un poco más de la cuarta parte. Se revisaron 133 licitaciones de los mandatos de Guido Echeverri y de Luis Carlos Velásquez; encontrando prórrogas y adiciones a procesos de las administraciones centrales, porque no se analizaron los de entidades descentralizadas. De lo revisado, 62% sufrió aplazamientos y 20% exigió adiciones presupuestales mayores al 25% del valor inicial del contrato.
Es indudable que no es fácil hacer presupuestos, pero que se repitan de forma sistemática el aplazamiento y los sobrecostos tiene que preocupar y exige indagaciones. Por eso, el llamado a los organismos de control para que ahonden en este tema, aunque sabemos que esto es como hacer un saludo a la bandera. Haciendo un paralelo de lo hallado en la Gobernación con la contratación vía licitaciones de la Alcaldía de Manizales, que también se revisó para los últimos ocho años, se concluye que mientras en la Gobernación la ejecución de los contratos se retrasaron más, en la Alcaldía predominaron los sobrecostos. Ambos casos impactan la calidad de vida. Por un lado, los que requieren de obras terminadas en los plazos establecidos para mejorar sus condiciones, y de otro, porque se afectan las finanzas públicas.

Reto y bien grande el que les espera al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez; al alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, y al resto de mandatarios municipales, que entre sus equipos deben empezar a tomar medidas inmediatas para erradicar estos problemas, bien sea con sus propios técnicos o buscar ayuda de expertos o de la academia, porque ellos mismos están asumiendo las consecuencias de una mala planeación contractual, que redunda en una reducida capacidad de ejecución. Y esto genera desconfianza en los gobernados.