Los alcaldes y los gobernadores que en Colombia comenzarán a gobernar el 1 de enero del 2024 tendrán que ajustarse a la Ley Chao Marcas que aprobó el Senado. Prohíbe cambiar la papelería, los uniformes, los logos institucionales para ajustarlos a los colores, las imágenes y los mensajes de preferencia, casi siempre política, como venía ocurriendo con cada nuevo gobierno. Esta ley también la deben cumplir ministerios, cortes, Congreso (Senado y Cámara), Fuerzas Militares, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Registraduría.
En adelante, deben utilizar como publicidad los colores de la bandera del respectivo municipio o departamento y el escudo oficial de la entidad. En los debates de esta ley se dijo que en Colombia las administraciones anualmente invierten cerca de $2,4 billones en cambiar de marcas. No está prohibiendo publicitar una administración o entidad, lo pueden seguir haciendo, pero ajustados a unas reglas de identidad visual que eviten los excesos al comunicar políticas públicas. Sí prohíbe el uso de dineros públicos en la divulgación y manejo de las cuentas privadas de las redes sociales de los mandatarios.
La falta de reglamentación para los entes territoriales se había convertido en una forma fácil con la que las administraciones aprovechaban los documentos oficiales y los uniformes de dotación de funcionarios públicos para identificar durante todo un periodo a un grupo político específico; sin mencionar otros excesos como chalecos, camisas y gorras para funcionarios y contratistas a los que la ley no cobija con la entrega de dotación oficial, o artículos como lapiceros, vasos, sombrillas y cuanto elemento se ajustara para promocionar en actos públicos la presencia del partido o movimientos que respaldaban al gobernante.
Le pusieron el tatequieto a este tipo de despilfarros, pues la entidad siempre será la misma, lo que cambian son las personas y las formas de gobernar o dirigir. Lo publicitario lo habían convertido también en una estrategia para catapultar frases y eslóganes que no solo aparecían en papelería oficial y prendas de vestir, también circulaba por redes sociales, vallas y avisos que poco tienen que ver con lo público. La Presidencia de la República deberá eliminar la marca Colombia Potencial Mundial de la Vida, usar la papelería que tiene impresa con este mensaje hasta agotar sus existencias y luego tendrá que ajustarse a lo reglamentado.

Solo falta la firma presidencial para que se convierta en ley de la República y entre a regir en seis meses. Si bien lo aprobado no especifica si obliga también a concejos y asambleas, todas las entidades oficiales deberían acogerse voluntariamente a esta ley porque en todas se ven excesos. En las corporaciones públicas, por ejemplo, tras elegir presidente año tras año cambian papelería y logos que aparecen hasta en las paredes del recinto, como ha ocurrido en el Concejo de Manizales. Pueda ser que esta ley no termine en letra muerta, en el anaquel de los archivos porque nadie la hizo cumplir y se convierta en un embeleco más de los muchos que hay en el país.