Para los candidatos en Colombia está siendo muy difícil hacer campaña por el ambiente enrarecido y polarizado en el que está sumido el país. Se conformaron bandos que no pueden verse, escucharse, ni leerse. Los niveles de tolerancia sucumbieron y la actitud de muchos es que al diferente hay que atacarlo, frenarlo, violentarlo, amenazarlo; todas estas, prácticas dañinas que atentan contra principios fundamentales de la democracia como la libertad, la igualdad, el respeto para vivir en sociedad sin afectar los derechos de los otros.
Informes de entidades que analizan los riesgos electorales concluyen que la democracia está en peligro, porque los candidatos están haciendo campaña en medio de la violencia. La Fundación Paz y Reconciliación dice que entre el 29 de octubre del 2022 y el 29 de junio de este año fueron 116 hechos violentos que dejaron 152 víctimas: 26 homicidios, 20 atentados, y 106 amenazas. Y los hechos han continuado. En un foro de juventudes en Cali la semana pasada hubo candidatos atacados física y verbalmente por un grupo que se identificó como la Resistencia, que lo hizo suspender; lo relacionan con integrantes de la primera línea que en el 2021 hicieron el monumento Resistencia en el oriente de esa ciudad.
También el fin de semana, un candidato al Concejo de Bogotá aseguró haber sido agredido físicamente por un grupo en la Universidad Pedagógica cuando vieron que tenía publicidad del Centro Democrático, y en Caldas la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Corporación Cívica rechazaron la amenaza de muerte a Roberto Acosta, candidato a la Alcaldía de Riosucio. Desconocidos le pidieron al aspirante, a través de un panfleto, que se quedara callado o lo matarían. También están las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre candidatos y pobladores de 184 municipios con indicios de presencia de actores armados como Eln, Farc y Auc que anunciaron ataques si se vota por ciertos aspirantes.
El Gobierno, la Fiscalía y la Policía están obligados a brindar protección y a garantizar el derecho a elegir y ser elegido, que incluye las labores de las campañas políticas en estos meses anteriores al 29 de octubre, día de los comicios. También tienen que contrarrestar otras formas más sutiles de violencia, pero tan dañinas como la física y la verbal, hablamos de las violencias psicológicas y el ciberacoso que pulula por redes sociales, en donde se destruye la imagen de un candidato en un solo clic, sin tener pruebas. Es indispensable que los ciudadanos informen de esas irregularidades y denuncien los delitos electorales cuando sea necesario en los portales de la MOE, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Policía, o presencialmente en Fiscalía o en la Policía.

Hay departamentos en situación más grave que otros, pero que 25 de los 32 en Colombia presenten algún nivel de riesgo es ya motivo para preocuparse y para que las autoridades intervengan de manera inmediata, sobre todo en territorios en donde los actores armados insisten en atentar contra la población civil cuando no obedecen sus órdenes. Ninguna conducta violenta se puede normalizar bajo el estribillo de que es lo que siempre ha ocurrido. En manos de los ciudadanos está también la sana convivencia y la tolerancia frente a lo que no gusta o lo que es diferente en cualquiera de las tendencias ideológicas y políticas que existen en el país. Se espera que paren todas estas manifestaciones violentas y para conseguirlo está el Estado.