Los recientes casos de explotación sexual con menores de 14 años en Medellín encienden una alarma nacional. Este delito no solo se está dando en la capital antioqueña, que ha sido visible en las últimas semanas por tratarse de redes que coaccionan a niños y adolescentes para que presten servicios sexuales, según las primeras investigaciones. El Eje Cafetero, la costa Atlántica, el Valle del Cauca, son otras regiones de Colombia donde la violencia sexual contra menores de edad se está presentando, en muchos casos camuflada como parte del turismo.

Pero el señalamiento va más allá de extranjeros y nacionales que llegan de viaje con el interés primordial de buscar este tipo de servicios; también hay habitantes de esas zonas que saben a dónde y a quién acudir para acceder a ellos. No se trata de repudiar a los trabajadores sexuales mayores de edad, mujeres y hombres que ejercen este antiguo oficio en el mundo. Si alguien mayor de edad lo hace, es bajo su voluntad y riesgo propio. El asunto es que debe ser rechazado por la sociedad completa cuando están involucrados niños y adolescentes, y todas las autoridades tienen que estar vigilantes para combatirlo y erradicarlo.

Hay leyes diseñadas para proteger a los menores de edad, para que no se les vulneren sus derechos fundamentales. Es un deber que tiene que empezar por las familias, pero también obliga a las comunidades, las instituciones (incluso de educación), los gobiernos. No se puede permitir que ningún niño ni adolescente caiga en las redes de la prostitución, del proxenetismo, ni de otros tipos de intimidaciones para que sean violentados o usados a cambio de dinero, regalos o elementos en especie. Fuertes sanciones debe aplicar el ICBF a los padres que lo permiten y la justicia a quienes protagonizan estas aberraciones.

Bien por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que pidió al ICBF informe de los recursos que como administrador del fondo creado con la Ley 679 del 2001 contra la explotación sexual, ha destinado y a qué otras fuentes de financiación ha acudido para tal fin. Recuerda el defensor que esa ley establece: todo extranjero que visite el país debe pagar 1 dólar para destinarlo a la lucha contra este flagelo. La medida está quieta y debe reglamentarse para que entre ya en funcionamiento, sumado a controles exhaustivos en hoteles y servicios de alojamiento temporal. Desde ahí empiezan las medidas de prevención y los llamados de atención.

No se puede subvalorar una denuncia de este tipo. La Policía y todas las autoridades deben estar atentas porque el subregistro de casos debe ser grande ante las facilidades que existen en la actualidad para que casas y apartamentos, de barrios incluso, funcionen de forma encubierta como hospedajes, ahí los controles son prácticamente nulos y se vuelve muy fácil evadir cualquier ley. La violencia sexual en menores de edad es más frecuente de lo que dicen las estadísticas y no se puede dejar pasar por alto. Es la vida, la salud y la formación de nuestros niños y adolescentes lo que se está viendo comprometido.