No se compadece que hayan pasado ocho años desde que se priorizaron siete colegios de Manizales para ejecutar necesarias obras de infraestructura, y como se dijo en un especial publicado por LA PATRIA, no se tenga ni un ladrillo pegado en 6 de estos 7 proyectos anunciados por los gobiernos nacional y municipal. Hoy solo hay un logro, aunque incompleto, en la sede A de la I.E. Villa Pilar en el barrio La Palma, que quedó construida desde el 2022, pero le falta el cerramiento.
Lo triste para las comunidades educativas, que han sido las directamente afectadas por tener que seguir usando espacios que no cumplen, y muy delicado para el sector educativo local en lo que tiene que ver con mantener la calidad, porque la infraestructura forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, es que hay cuatro colegios a punto de ser despriorizados, como lo denomina el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), y otros dos siguen en la incertidumbre de si van a ser o no beneficiarios de las obras y cuándo.
Han pasado tres alcaldes (Cardona, Marín y Rojas -en el cargo-) y tres presidentes (Santos, Duque y Petro -en ejercicio-), pero nadie ha acudido a evitar la seguidilla de aplazamientos, incumplimientos, licencias en espera, cambio de diseños, cambio de contratistas y aumento de costos en estos proyectos. Situaciones tan aberrantes como las del colegio Siete de Agosto, en el barrio El Carmen, que por el pésimo estado de sus baterías sanitarias, hay estudiantes que deben ir a utilizar las de sus casas, o que las zarigüeyas circulen por entre las paredes haciendo nidos, y el olor a orín y excremento les llegue en clase a los alumnos. O el hacinamiento en el que están en la sede central del colegio Mariscal Sucre en el barrio La Toscana y en el Miguel Antonio Caro de la vereda Cuchilla del Salado.
Nada de esto debería ni puede estar ocurriendo en una ciudad que se precia de educadora y que ve en este sector un potencial de desarrollo y de competitividad. Se está poniendo en riesgo la posibilidad de implementar la Jornada Única para niñas, niños y adolescentes de varias comunas, se estima que serían unos 3.127, por no contar con espacios adecuados en aulas, baños, salas, espacios deportivos y restaurantes. Muchos son los estudiantes en condición de vulnerabilidad que solo los motiva asistir a clases en planteles que cuenten con el servicio de restaurante, porque es allí en donde están resolviendo sus necesidades alimenticias.

El Ministerio de Educación, por medio del FFIE, sale a decir que como la retribución económica no corresponde con los trabajos realizados y el tiempo para ejecutarlos superó lo establecido no es posible ejecutar las obras. Lo que viene será que entregue los insumos a los que se comprometió y reintegre la plata a la Alcaldía para que continúe el licenciamiento y construcción. No parece sensato que después de tantos años el Gobierno quiera desentenderse de la situación y le traslade el problema al Municipio, estas obras educativas podrían estar costando incluso el doble del valor inicial en el 2016 y eso es poner también en riesgo a la Alcaldía, pero tampoco se puede seguir poniendo en juego el servicio para miles de alumnos.