Toda la solidaridad con los venezolanos; los que siguen viviendo en un país sin garantías, manejado por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y los que tuvieron que migrar hacia otros países, especialmente a Colombia y tenían la esperanza de regresar si había un cambio de gobierno en las elecciones del domingo. Ocurrió lo que muchos expertos anunciaron: el régimen se volvió a valer de artimañas para mantenerse en el poder por otros seis años, con los que completaría 17 en la presidencia hasta el 10 de enero del 2031.
Fueron unas elecciones muy dudosas, que parecen haberse construido con filigrana desde el año pasado. Primero con el incumplimiento del acuerdo de Barbados firmado en octubre entre gobierno y oposición para respetar derechos políticos a todos los partidos y brindar garantías electorales a venezolanos por fuera del país para votar, pero lo que hizo el régimen fue inhabilitar a María Corina Machado para que no siguiera su camino para ser candidata con un fuerte respaldo, cambiar la fecha del día de elección y poner más requisitos para votar. Por ahí empezó. Luego vino el impedimento a la inscripción de Corina Yoris por la oposición y que Maduro apareciera 13 veces en el tarjetón.
En días pasados, el régimen impidió votar a unos cinco millones de venezolanos en el exterior, no dejó ingresar a Venezuela a observadores internacionales ni a periodistas, no dejó ingresar a testigos electorales de la oposición a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), solo informó actas de un 40% de la votación. Sin boletines oficiales y con la página web del CNE caída, los rectores de este organismo salieron a dar resultados horas después: Maduro, 5 millones 150 mil 92 votos (51,20% del total) y el líder opositor, Edmundo González, 4 millones 445 mil 978 votos (44,2%).
Es un resultado muy extraño cuando las encuestas, las actas que se conocieron y las consultas a boca de urna daban por ganador y con una gran ventaja a González, por eso ni él ni Machado reconocen el triunfo con el que Maduro se reelige por segunda vez. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben investigar todo lo que rodeó esta dudosa elección. En Venezuela se vive otra vez la historia del 2013, cuando Henrique Capriles, candidato de la oposición, impugnó las elecciones presidenciales ante esta Corte, que sigue analizando el caso. Líderes internacionales han expresado serias preocupaciones, piden claridades y transparencia.
No solo Venezuela, el mundo tiene derecho a saber si lo que sucedió allí fue un fraude. Deben ser escuchadas y tenidas en cuenta todas las voces por igual, no solo las del régimen; se debe hacer reconteo de votos y ojalá con una auditoría internacional. Este régimen no puede excusarse en que no hay actas ni archivos porque hubo un hackeo informático. Si no tiene cómo demostrar un nuevo triunfo es porque esta elección debe entonces ser repetida. El éxodo de venezolanos no puede seguir porque no aguantan estar bajo el gobierno de Maduro, pero en ningún momento deben acudir a la fuerza ni a acciones violentas para hacer valer sus derechos. Eso sería lo peor.
