Es una lástima que se haya desperdiciado una oportunidad que se tenía con la retirada de la reforma, para construir un nuevo proyecto en el que se tuvieran en cuenta las inquietudes de quienes hacen posible el aparato productivo. 
Vuelve al Congreso la Reforma Laboral, presentada por la ministra de Trabajo, la manizaleña Gloria Inés Ramírez, quien llevó la iniciativa a la Comisión Séptima. Como con la inicialmente retirada, seguro la actual propuesta tiene cosas importantes y que el país tiene que definir, pues hay que actualizar las normas a estándares internacionales en asuntos laborales y es necesario que, de una vez por todas, se garantice dignidad a los trabajadores. No obstante, parece que de nuevo el enfoque por proteger la mano de obra, se olvida de los empleadores. Las relaciones laborales tienen que ser de doble vía, de nada sirve tener en la ley que se encargue en el papel de garantizar todos los derechos laborales que deben respetar los empresarios, si no hay empresas en laa cuales se puedan hacer valer.
Este es el error sistemático que ha tenido el Gobierno Petro, el de querer imponer su voluntad y hacer oídos sordos de los sectores interesados. No se trata de que se transija en todo lo que piden los grupos de poder o de presión, pues siempre las reformas van a tocar callos; sin embargo, tampoco pueden hacerse los cambios sin tener en cuenta estudios serios, como el del mismo Banco de la República, desechado por el Gobierno, que se refieren a que la reforma anterior podía reducir 450 mil empleos, por el impacto económico que podría generar en los empleadores. El problema es que si bien la actual trae unas pocas modificaciones, no parece que diera respuesta de fondo a las preocupaciones.
Es una lástima que se haya desperdiciado una oportunidad que se tenía con la retirada de la reforma, para construir un nuevo proyecto en el que se tuvieran en cuenta las inquietudes de quienes hacen posible el aparato productivo, no solo la mirada de los empleados. La reforma trae cosas importantes como la de corregir modelos de contratación como los de los domicilios por aplicaciones y busca garantizar los mínimos derechos a todo trabajador, pero no tiene en cuenta que hay servicios por horas que se necesitan y que mientras se les pague lo legal no puede complicarse la manera de que se dé, pues al final lo que resulta es que el potencial empleador opte por no contratar más tales servicios y se pierden posibilidades de ingresos para personas desfavorecidas.
Hay una gran preocupación porque se amplían los beneficios sindicales. El derecho a la sindicalización se tiene que respetar y se deben buscar las maneras siempre de protegerlo, pero no se puede culpar a los empresarios por la desconfianza que se tiene ante las malas experiencias, por las decisiones de algunos sindicatos o de sus dirigentes, que han ayudado a acabar empresas, a paralizar sectores públicos clave, a buscar privilegios sin tener en consideración las realidades económicas de las empresas. También hay alguno que otro sindicato que se ha puesto la camiseta de la compañía y ha ayudado a sacarla adelante en momentos difíciles. Este debería ser el ejemplo para otros, pero no ha sido lo usual.

Las desconfianzas se resuelven con diálogo directo y fundamentado, con estudios serios, con construcción colectiva. No con los oídos sordos de querer imponer una voluntad sin tener en cuenta a todos los sectores involucrados. Son los errores repetidos de este Gobierno que parece no querer corregir.