Si un colombiano tiene una urgencia que compromete su vida, debe ser atendido en cualquier establecimiento de salud. Así lo establece la Ley 1751 del 2015 en su artículo 10, como parte de la garantía de un derecho fundamental. Además, este servicio debe ser brindado “con la oportunidad que su condición amerite, sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno”, tampoco contratos establecidos con las entidades. Útil es recordar esta parte legal en los momentos álgidos, como el que atraviesa la Clínica Ospedale en Manizales, por la orden de cierre de su servicio de Urgencias, que pone en calzas prietas la disponibilidad de camas en el municipio.

La medida fue impuesta por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, entre otras que históricamente ha tenido Ospedale para que cumpla las condiciones legales de habilitación. Ahora se trata de la construcción de un ascensor, que se encuentra en obra, y mientras no esté terminado se les prohíbe hacer cualquier atención en Urgencias. La demora se debe a inconvenientes para terminar los trabajos. Desde la clínica aseguran que el resto de servicios de salud los están prestando con normalidad.

Aunque el centro asistencial anuncia que implementará planes de contingencia para garantizar la atención a sus usuarios en las clínicas San Marcel, que está en reorganización, y Avidanti, como también en Assbasalud, no se trata de un problema de poca monta, ni deja tranquilo a nadie. Lo que está ocurriendo significa restarle 56 camas a la capacidad, que ya es muy ajustada, del municipio para atender no solo a los pacientes de cuatro EPS con las que tiene contrato Ospedale, sino cualquier emergencia que se presente, de lo que no estamos exentos. Entre esas camas hay 13 pediátricas y 8 para gestantes, que son población prioritaria.

En Manizales la red de urgencias se copa con facilidad, los fines de semana, por ejemplo, o cuando hay picos de enfermedades. Esos son los momentos en que se requiere que todos los recursos estén funcionando. Carecer de alguno abre un boquete, porque no hay cómo llenarlo y pone en riesgo la atención. Poco entendibles los argumentos de Ospedale. Le hicieron el requerimiento del ascensor, entre otros aspectos, desde noviembre del 2021, cuando la Territorial cerró también esta área. Han pasado dos años y tres meses y no hay obra.

Justamente la falta de controles, no solo a las EPS, sino también a los prestadores de los servicios (IPS), es lo que está haciendo mella en el sistema de salud colombiano. Si Ospedale hubiese cumplido con los plazos, este problema se habría evitado, pero también la Territorial de Salud de Caldas debió haber requerido a la clínica hace mucho tiempo para que cumpliera con la construcción del foso y pusiera a operar el elevador. Pero se dejó crecer el problema y hoy son los usuarios los que están pagando las consecuencias.