Un nuevo apresuramiento e improvisación del ministro del Transporte, Guillermo Reyes, alrededor de los peajes, de los cuales dijo inicialmente que sus tarifas serían congeladas, llevó a que se generara confusión entre los usuarios de las carreteras en el país, al ver que lo anunciado por el alto funcionario resultaba engañoso e impreciso. De hecho, le tocó salir después a corregir y a señalar que solo los peajes manejados por el Invías y la ANI cabían en esa medida, ya que los contratos con las concesiones viales impiden congelar los incrementos.
Es así como una concesión como la de Pacífico Tres, que inicialmente había incrementado las tarifas para el 2023, decidió por su propia cuenta retornar a los valores del 2022, luego de que se presentaran reclamos y bloqueos de los usuarios de la vía en las casetas de peaje, especialmente en Irra, el martes en la noche. Si bien no es aceptable que se hagan protestas con bloqueos que afectan a todos, sí es verdad que la situación no está para aumentos en el precio de los peajes, los cuales también pueden ayudar a mantener disparada la inflación.
Es necesario admitir que, aún sin las alzas, el costo de los peajes es exageradamente alto en Colombia, y que es absurdo que entre ciudades cercanas como Manizales y Pereira, por ejemplo, haya que pagar en dos casetas una cifra cercana a los $30 mil pesos. En el país se ha usado esta metodología de financiar las grandes vías solo con el pago de quienes usan las vías, cuando podría pensarse en otras fórmulas que resulten más equilibradas y justas, y que no impacten de manera directa, en situaciones como la actual, el golpe al poder adquisitivo de los colombianos.
Una opción más razonable sería buscar un equilibrio entre el pago de peajes y el cobro de valorización a los predios que se benefician de manera directa con la construcción de las carreteras. Esa es una medida que debería ser discutida ampliamente en el país, para que el modelo de concesiones viales que ha permitido desatrasar la infraestructura vial del país, reciba este tipo de ajustes en su financiación, lo cual ayudaría a que las comunidades también estén dispuestas a pagar sin mayores oposiciones.
Además, resulta absurdo, ineficiente y poco competitivo, que en Colombia no funcionen los peajes electrónicos, que solo requieren la instalación de una tecnología básica en las carreteras, y que eso implique que se sigan generando trancones en el paso por las casetas de peaje, donde el pago tiene que hacerse aún de manera manual. El actual es un sistema atrasado que debería quedar atrás pronto, y de esa manera tener una mayor agilidad en la movilidad por las carreteras.

En términos generales, se necesita una modernización de la manera en que se financian las grandes obras de infraestructura en el país, en las que se cumplan criterios de equilibrio y justicia. Un modelo más equitativo, en el que la balanza de los pagos no pese solo para quienes transitan por las carreteras, puede ayudar a que se logre, incluso, un mayor desarrollo en Colombia.