NSO Group, firma israelí que desarrolló el software Pegasus, en declaración enviada a cuatro medios de comunicación colombianos, manifestó que este sistema usado principalmente para el espionaje sí lo adquirió Colombia. Lo dijo así: “Todas las transacciones fueron hechas de acuerdo a la ley y con la apropiada documentación y aprobación de ambos países”. No dice si efectivamente hubo transacción, en qué fecha y por cuánto para no exponer a su cliente.
El presidente, Gustavo Petro, viene denunciando que se trata de un negocio que pudo ser por 11 millones de dólares en efectivo que fueron transportados en avión, durante el Gobierno de Iván Duque. Los señalamientos se han extendido a la firma israelí a la que acusó de lavado de activos. La Fiscalía dice investigar. Más allá de los juicios de valor del mandatario y de sus señalamientos tremendistas con apenas indicios, tiene razón en que de este asunto debe conocerse hasta el último detalle.
La obsesión del Estado por saber lo que hacen sus ciudadanos es vieja. En el Imperio romano, en las ciudades estado europeas, en el caso Watergate y en las repúblicas totalitarias como las del antiguo bloque socialista hay muestras de ello. El mejor documentado, el de la Stasi en la Alemania oriental. En Colombia las organizaciones criminales hacen de las suyas y obliga a estar a la vanguardia en tecnologías para investigarlas, pero siempre bajo el imperio de la ley. Pegasus se usa con la información que las personas tienen en sus aparatos móviles. Es una herramienta contra los criminales y por eso su uso debe autorizarlo un juez. En otras circunstancias es violatorio de la Constitución y la ley.
Si la transacción fue legal, qué necesidad de ocultarla. El actual Gobierno insiste en que nadie le da razón de que Pegasus existe al servicio de algún organismo del Estado, lo que, de ser cierto, complicaría más la situación. ¿Pegasus se adquirió con recursos públicos y fue transferido para uso de algún particular? Lo mejor que nos puede suceder es que estemos frente a un asunto de seguridad nacional, con reserva absoluta sobre los dineros aplicados para la compra y el uso que se le está dando al software, pero estos gastos no están libres de escrutinio. Son varios asuntos por aclarar: quién autorizó la compra, qué recursos se usaron y quién usa el software.
En el libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo (2017), de Dejusticia, se advierte: “El secreto y la reserva que legítimamente cobijan algunas operaciones de la inteligencia se extienden de manera ilegítima e ilegal a las actividades violatorias, para terminar construyendo un manto de protección total que impide cualquier tipo de control democrático”. Esta advertencia de hace siete años está presente en lo relacionado con Pegasus.

Qué vulnerable el ciudadano de hoy, para quien las leyes que buscan proteger su intimidad parecen inocuas, porque es muy poco lo que puede hacer para enfrentar los instrumentos que crean grandes empresas tecnológicas que nos invaden hasta el último centímetro de privacidad, ya que acceden con facilidad a nuestros teléfonos móviles, computadores, smarts TV, entre otros equipos, sin que nos enteremos. Más grave aún que sea el Estado el que lo haga, porque nos hace vulnerables y nos puede controlar. Nada más antidemocrático. Por eso, necesitamos saber.