Ningún colombiano, afiliado a cualquier EPS habilitada en el país, tiene por qué sufrir las consecuencias de los líos administrativos entre estas Empresas Promotoras de Salud, terceros y el Gobierno nacional con su ánimo de reformar el sistema. Para ello los empresarios, los trabajadores y los jubilados aportan mensualmente y el Estado destina una buena parte de los recursos públicos para su funcionamiento. La alarma la encendió la dispensadora de medicamentos Cruz Verde al anunciar que no suministrará a partir del 15 de este mes a los afiliados a Sanitas medicinas, insumos y tecnologías ambulatorias que no estén en el Plan Básico de Salud (PBS).

Motiva esta decisión una deuda acumulada en tres años entre esa EPS y el dispensador, de 400 mil millones de pesos, desde que entró a operar la metodología de presupuestos máximos, que es lo que transfiere la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) para pagar tratamientos y atención de enfermedades no cubiertas en el PBS; es decir, que no se financian con la llamada UPC (Unidad de Pago por Capitación) que es lo que se reconoce anualmente por cada afiliado en Colombia para cubrir el PBS.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, asegura que Sanitas es de las EPS que más recursos recibe por UPC y por presupuestos máximos, y que en los pagos están al día, pero es de las que más deudas tiene con las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) -hospitales y clínicas- y lo tasa en por lo menos 16 billones de pesos. Sanitas sostiene que el Gobierno nacional no le ha reconocido 1,1 billones de pesos, entre lo que está la mora con Cruz Verde. Lo más riesgoso es que se dejaría de suministrar servicios y medicamentos a cerca de un millón de personas con enfermedades huérfanas y raras.

Si bien hay presiones del Gobierno Petro para agilizar su reforma a la salud, no cabe en la cabeza y la ciudadanía espera que no sea cierto que esté actuando deliberadamente con no pagos, asfixia a EPS, cancelación de servicios; todo para hacer ver que hay crisis en el sector, que es necesario dejar de contratar privados y estatizar la salud, incluso a costa de la vida de muchas personas. La crítica a las EPS es por la desviación de los recursos, la tercerización de servicios que hacen más costoso el sistema. Sanitas debe dejar bien claro cómo destinó las reservas técnicas, que se emplean en el sistema para pagar deudas y contingencias como esta.

La Superintendencia Nacional de Salud le solicitó a Sanitas, con unos 6 millones de afiliados porque es de las más grandes, un plan de contingencia para garantizar el suministro de medicamentos y los servicios, y la Contraloría General declaró el caso de impacto nacional, anunciando investigar el estado contable de esa EPS. Nada de lo que ocurra desde lo administrativo puede seguir afectando la salud de los colombianos. El sistema actual puede tener muchas falencias que deben ser reformadas, pero no exponiendo la vida y salud de nadie. Ahí hay responsabilidad del Gobierno, de las EPS y de los organismos de control que deben estar previniendo antes de que surjan estos desafueros.