Hacer obra pública y concebirla como músculo de la generación de empleo es para muchos un error, convencidos de que debe ser exclusivamente con la ejecución de políticas sociales como se logran levantar las cifras de desempleo, especialmente en países como Colombia que no han alcanzado su nivel máximo de desarrollo y aún lo están impulsando. No ven la infraestructura como una opción social que ayuda a resolver problemas, a satisfacer necesidades, brinda seguridad y mejora la calidad de vida.

Esto no significa que haya que excluir las acciones encaminadas a superar los niveles de pobreza, de desigualdad y de inequidad que nos siguen afectando; también hay que actuar sobre ello, pero para lograrlo hay que establecer prioridades, y si hay crecimiento y desarrollo económico, el social vendrá de la mano. Se debe considerar que el país debe pensar primero en su reactivación económica como generadora de empleo, y con una mano de obra concentrada en la no calificada y en menor proporción la calificada -donde están profesionales y técnicos-, las obras de infraestructura son un salvavidas.

Por eso se les pide tanto a los gobiernos pasar pronto del discurso y de la planeación a las ejecuciones, a la construcción de grandes proyectos de infraestructura, de vías, de vivienda, de aeropuertos, de saneamiento básico, de redes de servicios públicos, de amoblamiento y dotación de espacios. Cuánto sirve a una comunidad rural cambiar un camino sin pavimentar por una vía hecha con placas huella que le permite sacar con más facilidad los productos que cultiva para la venta y por donde los escolares se pueden desplazar de forma rápida y segura a las instituciones educativas. Ganan las comunidades, ganan los territorios. Eso por citar solo un ejemplo.

Si el Gobierno nacional reinicia los programas de vivienda y los constructores acceden a lo que se acordó en el Pacto por el Crédito, cuántos empleos nuevos habrá en ese solo sector; aparte de dinamizar subsectores del comercio y de la industria especializados en esta área, pero también el transporte y otro tipo de comercios que se activan al edificar. Lo mismo debe suceder en lo local. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, sostiene que su Administración está ejecutando unos $118 mil millones en infraestructura cultural, educativa, recreativa, de parques y vial, y que con ello el Municipio está generando 3 mil 200 empleos directos y 6 mil 400 indirectos al mes.

Lo mismo debería estar sucediendo en los municipios, y como son escasas las posibilidades financieras hay que salir a buscar aliados en lo público y en lo privado para hacer obras. No hay peor balance de un mandatario que terminar su periodo sin tener qué mostrar, sin haber permitido a sus gobernados que mejoraran sus condiciones, irse sin poder cumplir lo que tanto prometió en campaña y al inicio de su gobierno. Ejecutar tiene que convertirse en el mantra de todos y de sus gabinetes, y además hacerlo bien, porque de nada sirve empezar a hacer obras si van a convertirse en un problema en sus tiempos de ejecución y costos.