“El palo no está para cucharas”, dice un sabio adagio popular, y es la misma expresión que se le puede aplicar a la reforma pensional que está proponiendo el Gobierno Nacional, que contempla asuntos delicados que podrían llevar a un grave desequilibrio de las finanzas del Estado. La iniciativa es llamada reforma integral al sistema de protección a la vejez, y contempla que todos los colombianos mayores de 65 años que no se pudieron pensionar reciban un pago mensual de medio salario mínimo.
La propuesta del Ejecutivo será discutida inicialmente en una mesa tripartita en la que participan también los empresarios y los trabajadores, y en ella también se propone que las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos hagan aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones. El proyecto también pone reglas a los aportes de pensión que se hacen por encima de los 4 salarios mínimos y a los fondos privados.
Desde el Gobierno Nacional se argumenta que se busca hacer una reforma estructural para ampliar cobertura, a partir de la solidaridad, y sin búsqueda de rentabilidad económica, pero pese a que se base en las buenas intenciones, son cambios que podría poner en riesgo el mismo funcionamiento del Estado, ante la realidad de un déficit fiscal creciente, una deuda pública muy alta y la imposibilidad real de sostener en el tiempo un programa como ese. La propuesta del Ejecutivo no explica muy bien la manera de financiar este gasto, y podría llevar al colapso de las finanzas públicas.
Además, el modelo que se propone sería el entierro de los fondos privados, ya que es evidente que el 95% de los salarios en el país está por debajo de los 4 salarios mínimos. La idea de la obligatoriedad de aportes a Colpensiones estaría bien si se pensara a partir de un 1 o 1,5 salarios mínimos, lo cual ayudaría a mantener financiada esa entidad, pero también es riesgoso e inapropiado técnicamente usar el ahorro de todos los trabajadores para trasladar ese dinero a cubrir los pagos solidarios a los adultos mayores. De esa manera se abre la posibilidad de que se pierdan los ahorros hechos por cada colombiano, y que después el sistema no tenga cómo responder.
No hay duda de que el sistema pensional en Colombia requiere ajustes, iniciando por la formalización del empleo, para que todo el mundo tenga la posibilidad de ahorrar para su retiro, y no sea a través de subsidios que se financie ese derecho. El ahorro pensional es parte del ingreso de cada trabajador, y no puede el Estado disponer de ese dinero por la sencilla razón de que no le pertenece. La reforma debe eliminar los actuales subsidios que reciben las pensiones de mayor valor cuando están en el régimen de prima media, eso solo le cuesta al Estado la mitad de lo que pretenden entregarle a los mayores que no reciben mesadas de jubilación.

El Gobierno Nacional tiene que pensar en estabilizar las finanzas públicas, en lugar de sumar nuevos elementos que generan incertidumbre. Las discusiones en la mesa tripartita tienen que darse de manera constructiva, con argumentos claros, sin amañar las estadísticas y sin imponer caprichos que tengamos que pagar luego todos los colombianos por ir en la dirección equivocada. Sin duda, así mismo, hay que modificar la manera en que se entregan subsidios en el país para que lleguen a quienes más los necesitan, pero tiene que haber unas bases económicas que puedan cumplir con los compromisos que se asuman.