La falta de credibilidad no responde a una resistencia sin fundamento o tenga un trasfondo opositor como lo ha interpretado el Ejecutivo.
No cayó nada bien la propuesta que hizo desde Alemania el presidente, Gustavo Petro, de crear un fondo internacional multidonante para financiar la manutención a los integrantes del Eln. Esto, mientras transcurren las conversaciones y negociaciones hacia un proceso de paz del Gobierno con ese grupo guerrillero, que en julio del 2024 cumple 60 años de insurgencia y ejecución de actividades delincuenciales y que sigue cometiendo aún en medio de intentos para cesar el conflicto armado. Por esto el país recibió con indignación que a quienes han causado tanto daño y dolor a la Nación, ahora se busque incentivarlos o, si se quiere, de alguna manera premiarlos sin reunir ningún tipo de méritos.
Las partes involucradas en este proceso, hablamos del Gobierno, de esa guerrilla y hasta de los países y sectores garantes, tienen que ser conscientes de que la falta de credibilidad no responde a una resistencia sin fundamento o tenga un trasfondo opositor como lo ha interpretado el Ejecutivo. La población en Colombia sigue sin confiar en que haya voluntad real de paz del Eln porque nunca ha demostrado un interés serio de hacerlo; incluso en esta ocasión, que es de las que más adelantos ha alcanzado para una posible firma de acuerdos, sus cabezas han afirmado que en el cese de operaciones bélicas no hay nada definido y que continuarán con lo que llaman “cobro de impuestos” en las regiones, que no es nada distinto a seguir extorsionando.
Tampoco lleva a esperar una respuesta positiva la ausencia de información con criterios unificados. Mientras el presidente Petro anunció que tras la firma de un cese al fuego bilateral la guerra acabaría en mayo del 2025; Pedro Antonio García, comandante del Eln, lo desmintió y dijo que seguro el presidente se había confundido con otro de los puntos de los hasta ahora acordados que sí tienen fecha, pero que sobre el fin de esta guerra no se ha conversado. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz manifestó que ni el texto de lo hasta ahora acordado entre Gobierno y Eln, ni en los diálogos, han tratado la creación del fondo multidonante. Sin embargo, se sabe que algunos actores ya han hecho donaciones económicas, animados en respaldar la estrategia de paz total del Gobierno. Así entonces, ¿a quién creerle en un asunto tan delicado como este?
El mayor repudio fue escuchar del presidente que este “subsidio” que se les podría pagar no es para financiar a esa guerrilla, sino para que declinen sus negocios ilegales. O sea, para que dejen de secuestrar, extorsionar y de cometer actos terroristas, y con esos recursos, que provendrían de otros países y organizaciones, los usen en ropa y necesidades básicas. Eso es como reconocer que no se pueden dedicar a algo distinto a cometer delitos y por eso no tienen ingresos. Con razón hubo fuertes reacciones nacionales. Ingrid Betancurt, quien sufrió en carne propia lo inhumano de la violencia guerrillera de las Farc, escribió que este anuncio del presidente no pone a las víctimas en el centro para ser arropadas y favorece es a los victimarios. “Se le torció el pescuezo a la paz, ahora se premia a los violentos. En este Gobierno el crimen paga”, señaló.
Petro salió a calmar la turbulencia de las aguas desatadas, pues el fiscal General, Francisco Barbosa, también sostuvo que crear dicho fondo era una vacuna a los colombianos y que cualquier pago sería estimular la criminalidad. Lo que se espera es que el presidente acuda a aclarar públicamente y con exactitud su propuesta, pero especialmente a escuchar a la sociedad que si bien no quiere y está cansada de seguir viviendo en un país en guerra, tampoco desea que se salga beneficiando tan fácilmente a quienes llevan años delinquiendo, sin antes reparar a las víctimas y someterse a la justicia de paz. La propuesta del presidente debe ser mejor evaluada y construida, establecer requisitos estrictos para acceder a ayudas, lo mismo que sanciones para los que incumplan. Solo una reglamentación claramente definida asegurará que un proceso de paz como este no se vaya a pique.