El voto en Colombia no es obligatorio, aunque muchos políticos han intentado legislar en este sentido en el Congreso de la República por vías de reforma constitucional, pero han sido infructuosos los intentos. 204 años llevan votando los hombres. Las mujeres lo hacen desde 1957, hace solo 66 años, y aunque son dos historias de participación democrática bien distintas, los procesos relacionados con la posibilidad de elegir y de ser elegidos siempre han estado marcados por presiones para unos y otros.
El país recuerda la difícil década de los años 80, cuando los carteles del narcotráfico presionaban y amenazaban los comicios para sumar poder y mantener fichas en altas esferas que los dejaran seguir traficando. También han estado presentes las intimidaciones, especialmente en zonas rurales, que históricamente han ejercido grupos guerrilleros y paramilitares sobre población desprotegida para manipular a su favor una elección. Ni qué decir de los sectores que ejercen sin ningún recato la politiquería en veredas y ciudades a cambio de votos, vetustas y nuevas maquinarias que siguen coaccionando al electorado a cambio de puestos de trabajo, de contratos, de dinero; en fin, de cualquier dádiva.
Para las elecciones del 29 de octubre de este año, cuando en todo el territorio nacional se podrán elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de juntas Administradoras Locales vuelven a resonar las amenazas. A la decisión sensata que tomó el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, de suspender el cese al fuego bilateral con las Farc y ordenar atacar a los grupos armados que incurran en acciones que atenten contra las poblaciones y la seguridad nacional, estos respondieron con una retaliación que empezó a influir sobre dichas elecciones regionales.
El ahora llamado Estado Mayor Central, conformado por disidencias de las Farc y comandado por Iván Mordisco, el mismo que reapareció hace menos de dos meses en Yarí (Caquetá) en un mediático evento propaz convocado, entre otras cosas, para difundir detalles de la instalación de la mesa de diálogos con el Gobierno nacional, sugirió en un comunicado a los candidatos de los cuatro departamentos en los que se suspendió el cese al fuego (Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá) que rechacen los apoyos de partidos políticos tradicionales, y basado en una supuesta ley creada hace 23 años por las Farc anunció que habrá retaliaciones para actos de corrupción como compra o venta de votos.

Todas las presiones al proceso electoral tiene que frenarlas el Estado en su conjunto, Gobierno e instituciones, para garantizarles a todos los habitantes el libre derecho a elegir y ser elegidos. El dato de la Misión de Observación Electoral (MOE) tiene que llevar a una intervención inmediata, pues mientras en los seis primeros meses del calendario electoral del 2019 se contabilizaron unas 300 acciones armadas cometidas por grupos ilegales, este año para el mismo periodo ya son 634, un incremento de 141% como lo han registrado medios nacionales. Si estas guerrillas quieren hacer la paz, que empiecen por demostrar que no es intimidando a la sociedad como se participa en una elección y se adquiere reconocimiento político.