Las reformas pensional y laboral iniciaron su proceso en el Congreso de la República y lo que se espera de los representantes y senadores es justamente que estudien los proyectos con el rigor que requieren, desde lo técnico, no solo desde lo político. Claro que todos quisiéramos ganar más, tener mejores prestaciones sociales y pensionarnos con menos exigencias, pero la prudencia fiscal que obliga a un Gobierno responsable, debe ser prioridad en estos asuntos.
En cuanto a la Laboral se vuelve a dejar de lado la prioridad: involucrar más personas al empleo formal. En una mirada, que ha sido bien calificada por la procuradora Margarita Cabello como un pliego de peticiones sindicales, el proyecto presentado por el Gobierno nacional hace énfasis en los derechos de quienes ostentan trabajo, pero deja de lado a quienes hoy forman parte de esa gran masa informal, que supera el 57,9 por ciento en el país. La reforma no soluciona esto y al tiempo desestimula, con buena parte de los cambios propuestos, la contratación de nuevos empleados.
Es evidente que no se repara en el esfuerzo que hacen los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos que son los grandes empleadores en el país, para asumir los costos que trae un salario, que son también las prestaciones que lo encarecen. Proponer el pago de horas nocturnas desde las 6:00 de la tarde, en incrementar al 100% el recargo dominical, entre otros beneficios para los asalariados, sin considerar el momento que vive la economía mundial y evadiendo otra vez la medición de la productividad de los empleados es desconocer realidades que tienen que formar parte de las decisiones.
Claro que hay que pagar salarios con todas las prestaciones, que tienen que respetarse los horarios y pagarse a tiempo, que el Estado debe proteger a los empleados en casos de abusos, pero no tiene sentido encarecer los costos laborales porque eso no va a generar nuevos empleos, que es lo que el país requiere. Como si fuera poco, la falta de claridad en la tal economía popular prende las alarmas de que se estimule más bien la informalidad. Manizales es un gran ejemplo de empleo formal, se ubica en la mitad de la tasa de informalidad del país. Esto debería mirarlo el Gobierno nacional para replicar lo que ha provocado esta situación excepcional, gracias a un empresariado que juega legal.
En cuanto a la Reforma Pensional, que acató las recomendaciones de mantener los dos regímenes y de solo afectar en los aportes a los salarios más altos, resulta extraño que no se toque la edad ni el tiempo para adquirir el derecho a la pensión y que ni siquiera se reduzca la diferencia de cinco años entre hombres y mujeres. Mantener estos rangos es a costa del déficit fiscal. Hay que ver cómo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se jugó su popularidad al subir la edad de pensión de 62 a 64 años en ese país de la Comunidad Europea con el más bajo rango de edad para este derecho. Eso es responsabilidad.

En Colombia parece más una decisión acorde con el populismo del Pacto Histórico, pero muy lejana de la responsabilidad fiscal, a la que debe estar obligado todo gobernante. No se pueden generar cambios y provocar políticas que hoy se ven muy bien, pero que en el mediano plazo se puedan hacer insostenibles, porque sería simplemente aplazar los problemas, que seguro llegarán después y agravados.