Lo cierto es que ni las prohibiciones, ni el peso legal exclusivo para los taxistas son aceptables, y resulta clave establecer acuerdos fundamentales, basados en el respeto de la libre competencia, que no debe confundirse con dejarlo todo a su suerte, a la topa tolondra.  
El experto en movilidad Darío Hidalgo, en la controversia semanal de los miércoles en LA PATRIA, expresó de manera contundente que pretender prohibir las plataformas digitales de transporte en Colombia es tan absurdo como que se hubieran prohibido los teléfonos celulares para proteger a los teléfonos fijos. El ejemplo es claro acerca de que una decisión como esa solo lograría agravar y consolidar el atraso en el transporte público individual, y sería apostarle a no avanzar y a prestar un servicio muy limitado a los ciudadanos.
Ahora bien, dejarlo que fluya sin ningún tipo de regulación podría hacer que el actual conflicto entre los taxistas y quienes usan las plataformas de transporte para prestar o usar un servicio de transporte individual se agave, y que los bloqueos y vandalismo que se han tenido de un lado y del otro, para tratar de presionar la salida del mercado de unos y otros, se conviertan lamentablemente en nuevos hechos de violencia que podrían terminar muy mal.
Sin duda, lo que se necesita, es que se pueda establecer una clara regulación en la que se respeten los derechos adquiridos por el gremio de los taxistas, pero que tampoco se le dé la espalda a la realidad de unas herramientas tecnológicas que, en lugar de desaparecer, tienden a consolidarse con el paso del tiempo, y de no tomarse medidas pronto podrían llevar a que se rompa la posibilidad de un sistema justo y equilibrado en el que todos puedan ganar.
Actualmente, surgido en la Superintendencia del Transporte, se trabaja en un proyecto de ley que sería presentado para la discusión del Congreso de la República próximamente. Hay elementos valiosos en esa iniciativa referentes al orden necesario que se debe aplicar al transporte público en Colombia, en un mundo que ha cambiado bastante desde la implementación de las normas vigentes, pero en contravía de ese objetivo, también se habla de la prohibición de las plataformas y de duras sanciones para quienes presten y usen esos servicios. Esa es una contradicción que no puede dejarse pasar.
Lo cierto es que ni las prohibiciones, ni el peso legal exclusivo para los taxistas son aceptables, y resulta clave establecer acuerdos fundamentales, basados en el respeto de la libre competencia, que no debe confundirse con dejarlo todo a su suerte, a la topa tolondra. La prioridad en este punto, sin embargo, es que se les garantice a los ciudadanos un servicio de calidad y seguro, a la altura de las necesidades, exigencias y expectativas de un usuario moderno. Que un usuario no esté protegido en caso de un accidente cuando usa un servicio distinto al de los taxis es algo que debe solucionarse. La posibilidad de que los taxistas puedan tener mejores vehículos es algo que debe, igualmente, garantizarse.

El Estado también debe aprovechar el auge de las plataformas para que sean fuente de nuevos ingresos que repercutan positivamente en todo el transporte. En un país en el que el año pasado fallecieron cerca de 23 personas cada día, en promedio, tiene que trabajarse con mayor determinación en garantizar la seguridad vial, y los impuestos que puedan pagar estas plataformas pueden servir bastante a ese propósito, entre otros aspectos débiles en el sector transporte que pueden ser cubiertos con parte de esos recursos.