Las consecuencias de lo que ha sido la instrumentalización de guerrillas y autodefensas en Colombia y la clara desprotección del Estado la están padeciendo unas 33 familias campesinas del oriente de Caldas, concentradas más que todo en los municipios de Pensilvania y de Samaná. Hace 22 años, cuando la ley por esas tierras eran los actores ilegales, los obligaron con argumentos infundados a sembrar coca en sus cafetales; ellos, con poca formación, sin otras posibilidades a su alcance y amenazados por la intimidatoria presencia de los armados, no tuvieron otra opción si querían preservar sus vidas y sus propiedades. Hoy están a punto de ser desalojados por el Estado.
Injusto desde todo punto de vista. Ya fueron notificados del proceso de extinción de dominio sobre sus fincas por “colaboradores de ilegales” de Farc y Auc, que les inició la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como administradora de los bienes objeto de extinción de dominio y que hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). LA PATRIA, desde el 2016, cuando hubo un primer intento de extinción, viajó a la zona para conocer la situación de los campesinos y la difundió. El proceso no trascendió.
Temían que esto se les convirtiera en otro desplazamiento, porque muchos habían llegado a esas zonas en esta condición, huyendo. Ahora este medio los vuelve a escuchar, pero ya con un documento oficial en mano, que los conmina a hacer una propuesta de legalización de los bienes con la suscripción de un contrato de arrendamiento, de lo contrario deberán entregarlos voluntariamente o verse sometidos a un desalojo. Contrasta esto con la laxitud legal que se maneja ahora en Colombia para casos de reconocidos guerrilleros y paramilitares que le han hecho probado daño al país.
Dura lex, sed lex (dura es la ley, pero es la ley), justificarán algunos, pero no se puede ser tan inflexible y en Derecho también es conocido que las cosas se deshacen como se hacen. Este es uno de esos casos que amerita mayor análisis jurídico y social, al menos teniendo en cuenta que estos campesinos del oriente de Caldas no sembraron coca por gusto ni por negocio y están siendo es revictimizados por el propio Estado, que parece no ha tenido en cuenta sus antecedentes, a los que hay que sumar engaños de abogados que les han prometido sacarlos del problema, pero lo que han hecho es quitarles el dinero.

Cuántas familias campesinas de Caldas e incluso de otras regiones de Colombia estarán en la misma situación y nadie siquiera las ha escuchado. Esto no puede estar sucediendo bajo un Gobierno que dice promover la equidad social, estar del lado de los más desfavorecidos para ayudarlos. Estos afectados actuaron bajo presión de violentos y ahora no pueden salir a pagar por ellos; la ley debe aplicarse es a los que los engañaron, los amenazaron y los obligaron. Habrá testigos de excepción en la zona, entre ellos los propios alcaldes, que también deberían ser escuchados. Mucha gente podría dar pistas certeras de la situación real del oriente de Caldas, que sigue sufriendo por cuenta de los violentos.