La alerta en salud que encendió el gobernador, Henry Gutiérrez, debe preocuparnos a todos en Caldas porque se trata de la permanencia de los hospitales y las clínicas del departamento si las EPS no se ponen al día en el pago de las cuentas pendientes, que para los públicos asciende a $246 mil millones y para los privados a $321 mil millones. Si estas deudas no son saldadas a la mayor brevedad lo que empezaremos a padecer es con el cierre de centros asistenciales, porque a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho en los últimos años para mantener abiertos los servicios, no logran seguirse sosteniendo porque la operación sigue en negativo. Estos $567 mil millones corresponden a deudas contraídas por las EPS al 31 de marzo de este año con la red hospitalaria del departamento, y si a esto se le suma que aunque entre abril y mayo mejoró el giro directo, volvió a caer en junio a un 57% sobre lo facturado para algunos hospitales, empeorando más el panorama. Nos unimos al llamado que hizo el gobernador de Caldas al Gobierno nacional, al que le pidió intermediación, y a las aseguradoras para que se pongan al día lo más pronto posible. Para completar, Gutiérrez aseguró que las EPS en liquidación deben a las IPS del departamento $85 mil 740 millones, que considera una deuda de muy difícil recaudo.
Prolongar durante tanto tiempo el pago de estas deudas está llevando, entre otras cosas, al detrimento en la prestación de los servicios de salud que es lo más delicado porque es la población enferma la que se está quedando sin citas médicas, controles, exámenes, procedimientos quirúrgicos, dispensación de medicamentos. Así empeora la condición de salud y por tanto las metas establecidas en este campo en municipios, departamentos e incluso la Nación; además de exponerse al aumento de la mortalidad en los casos más extremos. Pero también ya hay fuertes dificultades para pagar los honorarios de los médicos y a los proveedores, que complican todavía más la situación.
El Gobierno nacional poco ha hecho para resolver estos problemas, y así se haya hundido en el Congreso la reforma a la salud, es su responsabilidad garantizar la cobertura y los servicios. Pareciera que tras la desestabilización de las EPS, como ya sucedió en el país, ahora se tuviera el interés de seguir con las IPS; es decir con los hospitales y las clínicas. Si el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud intervinieron algunas EPS prometiendo garantizar servicios e irse poniendo al día con las deudas, ¿por qué no han hecho algo por las IPS para que funcionen sin problemas?

Jugar con la salud es hacerlo con fuego y se paga bien caro, en este caso con vidas. En Caldas se cuenta con una red prestadora que funciona con los mínimos y al sacar del espectro a cualquier actor lo que ocurre es que sufre y se desestabiliza el servicio porque no hay cómo reemplazarlo. Ya hay pedidos de auxilio del SES Hospital Universitario de Caldas y del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, a donde llegan buena parte de los caldenses para ser cubiertos en los niveles de mediana y alta complejidad. Ni a estos ni a ningún hospital y clínica que funcione en el departamento podemos dejarlos llegar al colapso y posterior cierre.