En un entorno igual o todavía más polarizado que el del 7 de agosto del 2022, cuando asumió, el presidente Petro vuelve a insistir con los políticos de todas las corrientes en llegar a un gran acuerdo nacional, como vía para resolver, según él, los graves problemas del país y consolidar propuestas como la reforma agraria, la implementación del acuerdo de paz del 2016 y las reformas sociales. Esta estrategia la emplea tardíamente con sus opositores y críticos, que después de dos años de mandato no encuentran confianza en sus palabras como para hacerle eco a esa convocatoria. La razón es que son tan escasos los logros de este Gobierno, tan pocas sus ejecuciones y tantos los traspiés que ha tenido -incluyendo decenas de escándalos-, que no logra convencer.
El discurso del 20 de julio, durante la instalación de la legislatura en el Congreso de la República, y aunque no es usual en el presidente, inició ofreciendo disculpas por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo que se toma como el reconocimiento del mandatario de que no es un supuesto que allí hayan ocurrido irregularidades. Eso lleva a considerar que la Fiscalía debería agilizar las investigaciones, iniciadas la semana pasada sobre este caso, para determinar responsables, participantes y beneficiarios de toda esta estructura que usó recursos públicos para fines diferentes a sus funciones, como el pago a congresistas y el otorgamiento de contratos para que se mantuvieran alineados con el Gobierno.
Tampoco le ayuda a Petro haber calificado su Gobierno de eficiente, basado sobre todo en la disminución de indicadores de pobreza monetaria en el país. Según el DANE, la pobreza monetaria bajó de 36,6% en el 2022 a 33% en el 2023, para el caso de Manizales y Villamaría representa que unas 14 mil personas salieron de esta condición. Una sola cifra no puede estar significando que un gobierno cumpla con todos los estándares de eficiencia. Por ejemplo, sin un servicio de salud adecuado para todos los ciudadanos no se puede calificar de eficiente. Por eso también se le critica al presidente que haya salido a decir que el giro directo a hospitales y clínicas que empezó a hacer el Gobierno está garantizando la supervivencia de estas entidades. En Caldas hay varios hospitales y clínicas que en los últimos meses han tenido que suspender servicios, justamente por falta de pagos para funcionar.
Ahí vez vuelve otra vez el presidente a caer en su tradicional retórica, que quizás llegue a convencer a sus copartidarios, pero no al resto de la ciudadanía. No debe tomarlo como ataque o como golpe blando que muchos hayan dicho de su discurso del 20 de julio que pareció referirse a otro país, no a lo que verdaderamente está ocurriendo en Colombia. Campea la inseguridad, los violentos y las guerrillas están más fortalecidos y con mayor penetración en el país, la economía requiere inmediatas medidas de choque para reactivarla o seguirá decreciendo, la salud no puede seguir al ritmo en el que va, la educación necesita cambios; en fin, una larga lista que no es la de un país gobernado de forma eficiente.

Por eso intranquiliza y no genera confianza la idea de aplicar cosas como las inversiones forzosas en el sistema financiero privado del país, lo que quiere decir que una parte de los capitales de inversión irían a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo. Esto representa para muchos ir en contra de los principios de libertad financiera y poner en riesgo la plata de los colombianos, pues saldría del ahorro y depósitos que las personas hacen en los bancos. Petro ha dicho que si no pasa en el Congreso como ley acudirá entonces a aprobarlo por decreto. Así, es muy difícil llamar a la unidad.