Nada más angustiante para un paciente que no poder recibir los medicamentos formulados por su médico para mantener controlada o erradicar la enfermedad que padece. Ese solo hecho empieza por menoscabar su estado de ánimo al considerar lo que puede estar sucediendo en su organismo por la falta de medicinas o cuando en realidad el cuerpo empieza a reaccionar de manera adversa. El cuadro de esta persona se vuelve complicado y todavía más costoso para el sistema de salud. A eso nos están arrojando a los colombianos por la escasez y el desabastecimiento de medicamentos.
Para la Asociación de Pacientes de Colombia es alarmante la situación, porque está afectando a personas con enfermedades de alto costo como son las huérfanas, diabetes, VIH, cáncer. No se cuenta con fármacos para algunos padecimientos mentales, sobre lo que ya se pronunció la Asociación Colombiana de Psiquiatría en defensa de sus usuarios, y medios nacionales reportan 28 trámites pendientes de resolución sobre medicamentos esenciales que ya no están disponibles y 104 más en igual condición de riesgo. Ahí están medicinas tan básicas como el acetaminofén, y otras tan necesarias como antibióticos, antihipertensivos y algunas utilizadas en anestesiología y en enfermedades autoinmunes.
Hay que decir que esta escasez y desabastecimiento no son fenómenos nuevos, ni exclusivos de Colombia, también afectan a otros países como España, Canadá, Estados Unidos. Vienen creciendo desde hace más de una década por múltiples factores como las fluctuaciones del mercado mundial, la pandemia por la covid-19, la falta de materias primas para la fabricación; pero aquí tiene un agravante adicional, el Gobierno Petro no ha hecho los pagos de manera oportuna a las EPS para que contraten y se disponga en los dispensarios de muchas de estas medicinas. Algo así como al caído, caerle.
Sería bastante perverso que la razón sea la resistencia del Gobierno nacional a que permanezcan funcionando las EPS y el deseo de erradicarlas, verlas caer, como se refirió el presidente Petro hace un año; mucho más ahora cuando está en la cuerda floja su reforma a la salud y es casi seguro que se hunda en el Senado. No se puede gobernar, administrar recursos, ni decidir sobre algún asunto público movido por un ánimo revanchista, que pareciera ser lo que está incitando al presidente Petro, y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a ralentizar el giro de recursos a las EPS. A lo que se suma la inacción del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que solo ha emitido circulares, pero nadie del Gobierno sale a presentar un plan de contingencia para enfrentar la situación.

Del desfinanciamiento del sistema de salud no solo son culpables las EPS, como insiste el Gobierno. La Nación también es responsable, porque es de donde salen los recursos para su funcionamiento. Si alguna de estas EPS se ha quedado con billones de pesos del erario, pues debe acudirse a demandas legales para que las castiguen y exigir su devolución; pero por los platos rotos de lo que ha venido sucediendo no pueden pagar los pacientes, a los que les cobija en la Constitución Política de Colombia el derecho de acceso a la salud, y el primer responsable es el Gobierno.