La captura que hicieron autoridades colombianas la semana pasada, de una red de 31 personas que actuaban de forma coordinada en Bogotá y en municipios de Amazonas, Atlántico, Caquetá, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre para tramitar y expedir documentos fraudulentos a migrantes alerta de lo que puede estar ocurriendo en otros departamentos del país. Posiblemente sucediendo aquí mismo en Caldas por los altos flujos de población migrante que llega a todo el Eje Cafetero, buscando oportunidades o de paso hacia otros países. Por eso hay que estar muy vigilantes.

Esta red cobraba a los migrantes, provenientes principalmente de República Dominicana y Venezuela, entre dos mil dólares (7 millones 638 mil pesos) y cuatro mil quinientos dólares (17 millones 185 mil 500 pesos) por elaborar registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes falsos colombianos para viajar a México o Guatemala y cruzar a Estados Unidos o dirigirse a países europeos. 17 de los implicados son empleados o exfuncionarios de la Registraduría Nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hacían suplantaciones con registros civiles de personas no ceduladas y otros convertían en pasaportes las identidades falsas. Este año, la Registraduría ha anulado 344 cédulas y el Ministerio 304 pasaportes irregulares.

Son consecuencias de los procesos migratorios en el mundo, pero están mostrando es que hay una alta vulnerabilidad social sin intervenir o que ni siquiera se ha diagnosticado a fondo para prevenirla. En la actualidad son muchos los que se ven obligados a salir de sus países de origen o de residencia, incluso hay casos de migraciones internas en Colombia por violencia o problemas económicos, pero igual de expuestos a este tipo de engaños. Fácilmente son personas que quedan a expensas de inescrupulosos y delincuentes que se conocen las dinámicas oficiales, logran establecer contactos en las oficinas públicas y empiezan a estafar con documentos falsos, como ha ocurrido tantas veces en otras áreas.

En este contexto adquiere mayor relevancia la expedición de los pasaportes en el país, que desde el año pasado está envuelta en un escándalo por la cancelación que hizo el ya exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, suspendido por la Procuraduría, de una licitación que había salido favorable a la firma Thomas Greg & Sons. El caso sigue en investigación, y el Gobierno busca asignarle a la Imprenta Nacional la elaboración de los pasaportes, sin tener experiencia para garantizar la seguridad que exige este documento y lo que abre es otro boquete a la ilegalidad.

Todas las autoridades en Colombia responsables de la expedición de documentos de identidad, principalmente la Registraduría Nacional y este Ministerio, deben cerrar filas, detectar en qué pueden estar fallando para corregirlo, pero además diseñar procesos que blinden, hasta de los propios funcionarios, la elaboración, expedición y manejo de la documentación colombiana, que se consideraba segura. Igualmente los organismos de seguridad no deben parar sus investigaciones ni declinar en el control, para seguir dando con los que buscan lucrarse de la ilegalidad a costa de los más vulnerables.