La interceptación de una línea telefónica solo está permitida en Colombia en investigaciones penales, y siempre se debe hacer con la orden de un juez. El fin es allegar pruebas o buscar imputados o indiciados. Es la única salvedad. Si se hace bajo cualquier otro contexto o argumento es una práctica ilegal, llamada comúnmente chuzada y no es ajena en el país. La sola palabra hace devolverse al inicio de este siglo, con las denuncias por el escándalo de las chuzadas del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) .
Siendo el DAS el encargado de las labores de inteligencia y contrainteligencia en el país interceptó como parte de un plan de espionaje a miembros de las altas cortes, políticos de oposición, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas; en las investigaciones se estableció que operó para beneficiar a autodefensas y al narcotráfico en la comisión de crímenes y atentados. El expresidente Álvaro Uribe estuvo vinculado porque esto sucedió en su gobierno, sin comprobarle participación. Exdirectores y mandos medios de esa desaparecida institución enfrentaron procesos judiciales y fueron condenados. Incluso años después de estos hallazgos, el DAS seguía chuzando comunicaciones ilegalmente y fue eliminado por Juan Manuel Santos de la estructura del Estado.
Con ese penoso antecedente en el país, volvió a sonar igual de escabroso que el año pasado revivieran las chuzadas en el caso de la niñera del hijo de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro y hoy directora del Dapre, y que las cosas no se hayan quedado ahí buscando responsables por la pérdida de una millonaria suma de dinero. Para completar, se conocieron hace poco las denuncias de magistrados de la Corte Constitucional y de magistrados de JEP por posibles interceptaciones ilegales y espionaje desde el año pasado, originados presuntamente por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI, en la que se transformó el DAS) por lo que la Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones.
Esta forma de escucha, de seguimientos y de perfilamiento siguen siendo tan ilegales como antes, afectan la independencia y la autonomía de la justicia y los principios democráticos de los ciudadanos. Fiscalía y Procuraduría deben aclarar pronto si son ciertos estos señalamientos para impedir que se ponga en riesgo la vida y la integridad de los funcionarios judiciales, e ir más allá para establecer si las chuzadas han llegado a personas de otros sectores, porque incluso sobre la presidencia de Iván Duque hubo acusaciones de chuzadas a personajes públicos y a tuiteros del país bajo órdenes de ese gobierno.

En medio de un nuevo escándalo para el Gobierno Petro se conoció que dentro del Ministerio de Hacienda existe una Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que se encarga de hacer inteligencia financiera en Colombia y a petición de la Fiscalía, que junto a otras dependencias pertenece a la comunidad de inteligencia del Estado. Eso quiere decir que son más los organismos oficiales con personal y equipos dedicados a hacer este tipo de trabajos desde Presidencia, y lleva a considerar que no es que estén volviendo las chuzadas, tal vez nunca se han ido.