La invasión Mirador de Samaria desde hace tres años se asentó en Manizales y sigue creciendo.

Foto | Luis Fernando Trejos | LA PATRIA

La invasión Mirador de Samaria desde hace tres años se asentó en Manizales y sigue creciendo.

LA PATRIA | MANIZALES

La invasión Nueva Esperanza asentada en la Hacienda Potrerillo, ubicada en la vereda Kilómetro 41 de Manizales, cumplió 10 años el pasado 11 de julio. Comenzó con 600 personas durante la administración del entonces alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien actualmente aspira de nuevo al cargo, y ahora es habitada por 1.200.

Al norte de la ciudad, entre los barrios Samaria y Solferino, hace tres años en un lote de la Alcaldía se levantaron 600 construcciones artesanales y hasta el momento la Administración municipal no ha hecho nada para evitar su expansión.

A 53 días de conocer quien será el próximo alcalde de la ciudad, los 11 candidatos contestaron en LA PATRIA Radio qué harán en caso de ser elegidos como alcaldes para controlar y evitar la invasión de más terrenos en la ciudad.

  • Paula Toro, del Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC) UNA ciudad para todos

Necesitamos que estas personas sean tratadas con dignidad y para eso requerimos de una conversación abierta con quienes hoy están ocupando espacios donde hay un gran riesgo para ellos porque normalmente son laderas o tienen problemas de posibles deslizamientos. Una primera tarea es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), saber dónde están ubicadas estas familias, para así saber en qué condiciones tenemos ese suelo. Lo segundo, un trabajo cercano y social, porque ahí hay personas que son activas en el ámbito social, son veedores y hay que abrir la conversación con esas familias. Lo tercero es que tenemos que descongelar $35 mil millones que hay en este momento en el Gobierno nacional para Viviendas de Interés Social (VIS).

  • Miguel Trujillo, del GSC Revivamos Manizales

Lo de Potrerillo debió solucionarse hace tiempo. No ha habido una política seria de vivienda a pesar de que el Municipio tiene los predios para desarrollarlos. Me he recorrido la ciudad y no solo hay invasiones en Samaria o en Potrerillo, usted va a Fátima y hay invasiones, en San José los predios que se adquirieron ya están siendo invadidos por familias, entonces aquí necesitamos una política de vivienda. El suelo urbano lo tenemos, lo que hay que hacer es una apuesta por construir por lo menos al año unas tres mil unidades de vivienda en Manizales. Tenemos un déficit de mil viviendas nuevas y más o menos 10 mil o 12 mil soluciones de vivienda cualitativas y hay que solucionar ese problema estructural. ¿Cómo se soluciona? Invitando y convocando a la institucionalidad y a los constructores de la ciudad para que implementemos un modelo que nos permita tener nuevos propietarios de vivienda. Hasta que eso no suceda es imposible pensar en que aquí no se sigan fomentando las invasiones.

  • Martín Sierra, avalado por el Partido Colombia Renaciente

El derecho a la vivienda es fundamental y las invasiones están proliferando en Manizales, se ha dejado coger ventaja en ese tema y pienso que hay que mirar cuál es el terreno que tiene Manizales, el diagnóstico de esos terrenos, y plantear un programa de Vivienda de Interés Social (VIS). Hablar con el Gobierno nacional y mirar qué terrenos tiene el Municipio para hacer un plan de vivienda y reubicar a toda esta gente.

  • Martín Emilio Ramírez, avalado por el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción

Aquí tengo que hablar de la veeduría ciudadana, porque esa va a defender los derechos y es la que tiene que participar como un actor importante en esa toma de decisiones y en esa socialización con la comunidad para que los espacios no se sigan invadiendo. Vuelve y juega el control, porque si no hay control hay desorden. Tiene que haber un control y un civismo de ciudad que nos informe dónde están invadiendo para que en el tiempo legal desalojemos de forma inmediata a esas personas nuevas que van a invadir. Con los que ya están es generar trabajos con la veeduría para buscar la solución al problema, mirar quiénes están legalmente en el país y quienes no, invitar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que quienes están ilegalmente se haga efectiva la normatividad de la migración, porque no se trata de ser permisivos, porque el manizaleño necesita su espacio, estamos en una ciudad estrecha y necesitamos atender, pero también controlar. No podemos permitir que se sigan invadiendo más espacios.

  • Jorge Eduardo Rojas, avalado por el Partido Conservador

Hay que impedir que haya más invasiones y que las que están crezcan. Lo primero que hay que determinar en estas invasiones es en verdad quién necesita estar ahí, quién de verdad no tiene una vivienda, quién está solo en la vida y quién tiene esos problemas reales porque dentro de estos ejercicios hay gente vendiendo lotes y eso no lo podemos tapar porque es una realidad. No todo el mundo está invadiendo un lote, porque en verdad lo necesita y por ello hay que identificar primero quiénes sí y quiénes no y eso tendrá que ser con el rigor del juicio, de un estudio real, socioeconómico, humano, una cosa urgente, rápida y veloz, porque esto no da espera. Lo segundo es hacer una gestión de esas invasiones, no puede ser una decisión única, sino una gestión desde todos los puntos de vista de esas invasiones. Lo tercero es mirar el riesgo, cuál es la vulnerabilidad de estas personas respecto a un posible deslizamiento o a una inundación, según sea el lugar. Por ejemplo, cuando fui alcalde hubo un desastre en la vía al Guamo y una cantidad de gente perdió sus enseres y sus casas, y con el equipo de Gobierno los sacamos y muchos terminaron con vivienda porque en ese entonces había programas de vivienda del Gobierno nacional haciéndose en Manizales. Eso lo volvieron a invadir porque no hubo control, ¡por Dios! Un lugar que ya está determinado que tiene cuota de inundación, que en un crecimiento de una quebrada se pierde la vida o las viviendas y nadie hace nada. Eso no puede pasar. En estas otras invasiones hay que mirar cuál es el riesgo y de ser mitigable hay que hacer un trabajo conjunto con la comunidad, con el Gobierno nacional y con la Gobernación para que se vuelvan un desarrollo urbano, pero legal, debidamente constituido con todas las de la ley. De no ser posible tendrá que hacerse un proceso de reubicación con la gente que de verdad sí necesite la vivienda, pero todo esto debe pasar por un ejercicio de control.

  • Diego Fernando Espinosa, avalado por el Partido Fuerza Ciudadana

No podemos abrir expectativas de cosas que no son y una de las cosas que nos caracteriza en nuestra propuesta de gobierno es que las invasiones por ley no tienen ningún tipo de legalidad, sufren un desgaste muy alto en el tiempo y nos hemos encontrado con personas que tienen cuatro o cinco lotes, los comercializan, los alquilan, traen a personas de otras ciudades e intentan generar ahí un trueque o un negocio a través de lo público y nosotros no podemos participar en ese tipo de acciones. Estuve en Samaria, una persona me cobró $100 mil por introducirme al barrio, vengo de un estrato tres y no tengo la necesidad de que alguien me ayude a ingresar a un barrio, entré y mucha gente me dijo: "¿En verdad cree que queremos estar acá? No queremos, lo que pasa es que no tenemos los recursos para irnos". Creo que en eso puede ayudar el Estado, en hacer un acompañamiento psicosocial, de garantizar temas de seguridad, de salud y buscar dónde podrían migrar. También mirar cómo los enrolarnos en nuestros programas de emprendimiento y en nuestras opciones laborales. Me parece que esa es la única salida porque de lo contrario aquel que diga que las va a regular o normalizar está mintiendo y eso pasa ahora en época de elecciones, les dicen que van a legalizar ese tipo de predios y es imposible. Por ejemplo, en Samaria ese lote es de alto riesgo y es imposible cambiar esa denominación.

  • Carlos Arturo Buriticá, avalado por el Partido Salvación Nacional

Hay que buscar una solución para las personas que realmente lo necesitan. Hay un problema social grande, hay una migración de personas que han llegado desplazadas a nuestra ciudad, no solo nacionales, sino de otros países como es el caso de Venezuela. Hay que buscar la legalización de los espacios donde se tienen los más grandes problemas, como es el caso de Samaria. Nuestra ciudad debe ofrecer una alternativa, pero acompañada de un control claro, porque no se puede permitir el abuso de comercializadores que buscan allí una oportunidad de negocio aprovechándose de la gente.

  • Jorge Alberto Betancurt, avalado por el Partido Demócrata Colombiano

Hay que llegar con autoridad. Una ciudad bonita y con oportunidades es una ciudad con orden y el orden solo lo genera la autoridad. Nadie se imagina las dificultades para la Administración municipal el permitir este tipo de invasiones porque con el tiempo se van formalizando de una forma desorganizada y que es desorden, pues que hay que llevar servicios públicos y sin un estudio técnico es muy complejo para la Administración después atender esos servicios básicos y necesarios para estas comunidades. No es bronca, no es rabia con las personas más vulnerables, pero tenemos que ser organizados y hay que mirar cómo atendemos. Hay que tener autoridad, control, y una Administración permisiva es la única explicación para que esto suceda.

  • John Robert Osorio, avalado por el Partido Ecologista Colombiano

El Estado tiene una obligación de autoridad a la que ─insisto─ este remedo de gobierno renunció. Ahí hay un fallo del Tribunal Administrativo de Caldas que lo obliga a desalojar esa población. Lo que pasa es que a la gente le gusta hacerse la de la vista gorda, pero quién sabe y quién ha hecho algún tipo de acción en contra del actual mandatario por negarse a dar cumplimiento a esa sentencia, nadie. Hoy el peor procedimiento para usted concitar con cualquier comunidad es la violencia. En primer lugar muchas de las personas, más o menos el 70% de los que hacen parte de esa invasión, tienen casa y apartamento en esos mismos sectores y otra población obedece a personas que no son del país. Habría que mirar de manera objetiva cuáles son los que tienen verdaderamente la necesidad de una solución de vivienda y a los demás aplicarles la ley porque ya lo dice un fallo, porque un juez de la República lo ordenó, lo que pasa es que a la gente no le gusta admitir la realidad y la esconden, prefieren hacerse reportajes en periódicos nacionales cuando son miserables que mienten y engañan a la gente. Hoy ese problema tiene que concitarse a partir del cumplimiento del fallo, hay que hacer un ejercicio de reconocimiento, cerramiento y vigilancia de los predios del municipio para que este tipo de invasiones no se vuelvan a presentar.

  • Germán Vallejo, avalado por el Partido Colombia Humana

Entramos a un terreno delicado que tiene que ver con el derecho a la vivienda. No hablo de invasores, son los asentamientos de Samaria, del Guamo, los que se están generando en San José y la palabra invasor se la dejaría a las inmobiliarias que invadieron Río Blanco, que están haciendo especulación inmobiliaria, que están apropiándose de la riqueza social, que no generan pagos de plusvalía que permitan que el Municipio tenga una política de vivienda digna y garantice ese derecho constitucional. Entonces tenemos que empezar a brindar condiciones de equidad y reconocer algo que es real. No estamos rodeados de invasores, estamos rodeados de comunidades como las de la ladera sur (Andes, Bajo Andes, El Nevado), como las de Samaria I, Samaria II, de comunidades que están en la lucha por construir ciudad a través de ejercicios que uno tiene que empezar a conversar con ellos, pero la solución no es sacarlos a punta de autoridad para recuperar los terrenos. Cuando nació la ERUM desplazó de manera violenta a la comunidad de la Baja Suiza, se apropió de los terrenos, les habló de un proyecto de renovación urbana para vivienda, para las comunidades que ahora están en Ruta 30, y 23 años después que dejaron engordar esos terrenos. El ahora candidato Jorge Eduardo Rojas se los vendió a la urbanizadora Berlín, a Mercaldas, y alquiló grandes terrenos a Homecenter, y, ¿donde quedó el proyecto de renovación urbana para los antiguos habitantes del Alta Suiza? Lo mismo están proyectando en San José. En esta ciudad hay tierra, pero no para los más pobres.

  • Francisco Javier González, avalado por el Partido Dignidad y Compromiso

Es obligación del Estado crear las condiciones para permitir y garantizar el acceso a Vivienda de Interés Social (VIS) a todas las personas que carezcan de ella. Hay que identificar los fenómenos coyunturales de lo que se suele llamar invasiones, que es un término que ofrece polémica, entonces hablemos de ocupaciones de territorios. ¿Qué hacer? Pues tener una empresa moderna, eficiente, que esté alerta a atender ese tipo de contingencias y es la Empresa de Renovación Urbana la cual debe definir y actualizar una política que permita intervenir adecuadamente, porque la gente no ocupa los territorios porque les parezca divertido, hay una realidad y es la necesidad de vivienda. El 50% en promedio de las personas en Manizales pagan arrendamiento. Hay un tema serio que atender. Lo que estamos proponiendo es tener un sistema de información confiable no solo frente a las zonas de riesgo de ocupación, sino también un protocolo de alertas tempranas frente a la ocupación de esos territorios para intervenirlos de la mejor manera. Hay ocupación de los territorios porque el Municipio no está construyendo vivienda. El Municipio tiene tierra, pero no construye soluciones de vivienda.