Un contrato entre Mallamas y la Alcaldía de Riosucio llevó a esta aseguradora y a la Administración municipal a librar un proceso judicial, que aún se mantiene. Se ha indicado que la EPS salió de la localidad por no cumplir las obligaciones con los usuarios y con la red.

Yurany Liceth Echeverry, directora Local de Salud, habló de la situación, a través del Facebook de la Alcaldía. Allí manifestó algunas posiciones de las administraciones implicadas, desde que se inició el proceso en el 2008.

LA PATRIA conoció que el Municipio y la EPS suscribieron un contrato, en la vigencia detallada, por un valor cercano a los $6 mil millones. Al no cumplirse lo pactado para con la población mayoritariamente indígena, se decidió terminar el contrato.

De la liquidación

Echeverry explicó lo siguiente:

Dicha liquidación se dio apoyada en "una primera acta (2011), en la que se reconocía una deuda por $222 millones 812 mil 529". Allí decía que el monto estaba sujeto a novedades (defunciones y retiros).

En el acta definitiva, la suma quedó en $91 millones 279 mil 532, dado que se verificaron dichas novedades. El valor reconocido fue girado en el 2012 y se esperaba que, con eso, todo terminara.

En el 2016, Mallamas aportó el acta inicial, cobrando el saldo descontado por el Municipio que era sujeto de novedades. Ahí procedieron a interponer una demanda contra la localidad para cobrar dicha suma. La Alcaldía ratificó en ese momento que no debía dinero a esta EPS.

El primer fallo, en el 2019, ordena a pagar al Municipio el valor de $326 millones 765 mil 590, comprendiendo el crédito e intereses hasta el 2016. Ahí la Administración municipal rechazó el fallo, por considerarlo inapropiado.

El segundo fallo se dio en el 2020. Allí se reafirmó el primero, pero no se realizó la reliquidación del crédito, por parte del juzgado que llevaba el caso. Después Mallamas no se presentó ante el Municipio para el pago de esta demanda, razón por la que Riosucio realizó, en el 2022, el pago correspondiente con base al fallo judicial, cancelando $326 millones 765 mil 590.

Lo que sigue

En abril del año anterior, Mallamas solicitó el pago de la deuda. No tuvo en cuenta la cancelación efectuada por el Municipio, después del primer fallo ($326 millones 765 mil 590). Incluso cobró intereses que no corresponden, los que "ascienden a $590 millones". Con esto, el Municipio volvió a optar por impugnar este fallo, debido a las inconsistencias que le ve al proceso.

En la actualidad el proceso continúa abierto. Mientras no termine no se puede realizar un comité de conciliación para verificar si existió negligencia entre las Administraciones municipales que han tenido qué ver en el caso.

"Queremos dar claridad de que esta Administración sí adelantó el pago. En el momento nos encontramos en un proceso judicial, el cual se apeló por los saldos", dijo Echeverry. Añadió que lo hacían por los montos que hoy se les reclamaban.